La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el jueves 8 de octubre de 2026 la creación de una comisión especial investigadora que examinará posibles vínculos entre el narcotráfico, el crimen organizado y la legitimación de capitales con el financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales de 2022 y 2026.
La decisión fue respaldada por 52 diputados, en una votación unánime que se produjo después de varias horas de discusiones y del rechazo de dos propuestas anteriores, presentadas por el Partido Liberación Nacional (PLN).
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Aunque el resultado final contó con el respaldo de todas las bancadas presentes, la jornada estuvo marcada por fuertes diferencias sobre el alcance de las investigaciones, particularmente acerca de la necesidad de esclarecer los posibles vínculos de Guobin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos Tam”, con figuras políticas nacionales.
El empresario, de origen chino y naturalizado costarricense, fue detenido recientemente a solicitud de autoridades estadounidenses que lo requieren por presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero. Su aparición en fotografías de actividades políticas vinculadas con el oficialismo generó cuestionamientos de diputados opositores.
A esa controversia se sumó el caso Éxodo, investigación judicial por presunta legitimación de capitales en la que fueron detenidos los productores de conciertos Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza.
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Dos mociones rechazadas antes de alcanzar un acuerdo
La sesión legislativa estuvo marcada por las diferencias entre Pueblo Soberano y Liberación Nacional sobre cuáles hechos debían incluirse en las investigaciones.
La primera propuesta del PLN buscaba crear una comisión enfocada en las posibles relaciones políticas de Guobin Tam Zhang, sus sociedades y las organizaciones presuntamente vinculadas con sus actividades.
El texto pretendía establecer si existieron nexos con agrupaciones partidarias, estructuras de campaña o funcionarios públicos, así como posibles operaciones relacionadas con evasión fiscal, legitimación de capitales y narcotráfico.
Sin embargo, la moción fue rechazada con los votos de la bancada de Pueblo Soberano, que argumentó que las investigaciones no debían concentrarse exclusivamente en una persona o agrupación política.
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Posteriormente, Liberación Nacional presentó otra iniciativa orientada a investigar el financiamiento de los partidos durante el proceso electoral de 2026.
Esta segunda propuesta también fue rechazada por los legisladores oficialistas.
Finalmente, el Congreso aprobó una tercera moción impulsada por Pueblo Soberano, que amplió el período de investigación para incluir las campañas de 2021-2022 y 2025-2026.
El texto recibió el respaldo de todas las fracciones presentes, pese a las diferencias manifestadas durante la discusión.
La decisión significa que la nueva comisión no estará limitada a las donaciones recibidas en la última elección presidencial, sino que podrá examinar posibles irregularidades en las dos campañas.
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Oficialismo defiende incluir la campaña de Rodrigo Chaves de 2022
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, aseguró que su bancada no tiene inconvenientes en investigar el financiamiento de diferentes procesos electorales, independientemente de las agrupaciones políticas que puedan resultar involucradas.
Durante la sesión, el legislador insistió en que cualquier investigación debe abarcar a todos los partidos y no concentrarse únicamente en las actividades vinculadas con el oficialismo.
“Ahora que hablaba con la campaña anterior (la de 2022), entrémosle a esa campaña, aquí no hay miedo. No tenemos ningún problema con las investigaciones”, manifestó Acosta.
El diputado también hizo referencia a fotografías en las que aparece Don Stockwell junto a figuras de Liberación Nacional, entre ellas el actual jefe de bancada, Álvaro Ramírez.
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Acosta cuestionó públicamente esas relaciones y planteó la necesidad de esclarecer cualquier vínculo que pudiera resultar relevante para la investigación legislativa.
La bancada oficialista defendió que el nuevo órgano investigador pueda examinar las contribuciones y relaciones de diferentes agrupaciones, con el propósito de evitar que las pesquisas se limiten a señalamientos contra un solo sector político.
Liberación Nacional cuestiona rechazo de investigación sobre empresario detenido
Desde la oposición, el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, criticó la decisión inicial del oficialismo de rechazar una comisión específicamente orientada a investigar los presuntos vínculos de Guobin Tam Zhang con figuras políticas.
El legislador sostuvo que la investigación debe permitir a la ciudadanía conocer si existieron relaciones que pudieran comprometer la transparencia del financiamiento electoral o la independencia de las instituciones públicas.
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“No es un tema de hacer circo, es de darle a los costarricenses respuestas. Nos interesa que se establezcan las responsabilidades”, expresó Ramírez durante el debate parlamentario.
El jefe de bancada también cuestionó la reacción de los diputados oficialistas ante la propuesta de investigar al empresario requerido por la justicia estadounidense.
Los señalamientos surgieron después de que trascendieran fotografías de Tam Zhang durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández, realizada el 1 de febrero de 2026 en el Hotel Aurola, en San José.
También se divulgaron imágenes de otra actividad política en la que coincidió con Rodrigo Chaves, Laura Fernández y legisladores oficialistas.
La oposición recuerda que la campaña de 2022 ya fue investigada
La decisión de incluir las elecciones de 2022 también provocó cuestionamientos de diputados opositores, quienes recordaron que una comisión legislativa anterior ya investigó el financiamiento de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República.
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La diputada liberacionista Janice Sandí sostuvo que aquella investigación permitió documentar presuntas irregularidades relacionadas con una estructura paralela de financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
“Millones de colones invirtió esta Asamblea en una comisión que investigó la campaña de 2022 y el informe de mayoría fue trasladado a la fiscalía”, manifestó Sandí, quien cuestionó que el Congreso vuelva a dedicar recursos a hechos examinados anteriormente.
La legisladora también afirmó que las investigaciones penales relacionadas con ese financiamiento enfrentan dificultades debido a la inmunidad de algunas personas investigadas.
Entre los nombres mencionados durante el debate figuraron Rodrigo Chaves y el diputado Stephan Brunner, vinculados a investigaciones sobre el financiamiento de aquella campaña.
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Una comisión de nueve diputados con mayoría oficialista
El órgano especial aprobado este jueves estará integrado por nueve legisladores, distribuidos entre las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa.
Pueblo Soberano tendrá cinco representantes, mientras que el Partido Liberación Nacional contará con dos. El Frente Amplio dispondrá de un puesto y las fracciones unipersonales tendrán un representante.
Esta composición otorgará al oficialismo la mayoría dentro del órgano investigador, una circunstancia que generó preocupaciones entre legisladores de oposición respecto de cómo se definirán las comparecencias y las diligencias de investigación.
La diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pidió que la mayoría oficialista tome en consideración las posiciones de las minorías cuando se decida a cuáles personas se convocará para rendir explicaciones.
La comisión tendrá un plazo inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga, para elaborar y presentar sus conclusiones ante el Plenario Legislativo.
Además de examinar posibles vínculos entre el crimen organizado y las campañas presidenciales, podrá incorporar hechos relacionados que surjan durante sus investigaciones y formular recomendaciones para fortalecer los controles sobre el financiamiento político.
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