Sancionada la Ley Bases, el Gobierno avanza en el control de las empresas públicas y en la revisión de sus directorios

En el frenesí de las negociaciones de esta semana, el gobierno intentó volver a incluir en la previa de la votación en Diputados, en el listado de empresas a privatizar, a Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA. Fue Miguel Ángel Pichetto, según trascendió, el que, en el inicio de las últimas tratativas, le avisó a los enviados del Ejecutivo que su bancada no estaba dispuesta a convalidar esa concesión porque había sido el propio oficialismo el que, antes el debate en el Senado, había apartado a esas tres compañías del Estado para conseguir el apoyo de los aliados en la Cámara alta.

Sin demasiada autocrítica, desde el gobierno destilaron algo de bronca contra el ex senador, un dirigente profesional, del sistema, muy acostumbrado al barro de la política que, producto de esos trascendidos, utilizó sus redes para asentar su posición. “Que nadie se confunda: fue la Libertad Avanza quien entregó las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA como parte de un acuerdo para lograr la aprobación del Senado. Mal podría insistir Diputados con un tema retirado por el propio gobierno”, posteó. “No hay que confundir a la ciudadanía, ni dramatizar. El gobierno tiene intactas sus facultades para insistir con las privatizaciones, presentando un proyecto de ley por cada empresa”, agregó Pichetto.

El ejecutivo aún no definió si, efectivamente, insistirá con esas tres empresas en diversos proyectos de ley. “No tengo esa información”, aseguró ayer por la mañana el diputado José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Anoche, Pichetto volvió a cargar contra la Casa Rosada en ese rubro durante un tramo de su discurso en el Parlamento, y amplió su explicación: “Yo me hago cargo de lo que hago y digo”, se plantó.

Resignado a que la aerolínea estatal, el correo y los medios públicos quedaran afuera del listado de privatizaciones -Javier Milei resaltó de manera insistente, durante la campaña y ya como presidente, que estaba dispuesto a vender todo lo que pudiera-, uno de los capítulos más controvertido y disputado de la Ley Bases sancionada definitivamente esta madrugada en Diputados, el gobierno avanzó esta semana en una suerte de análisis exhaustivo de cada una de las empresas, sus directorios y balances, y ayer por la tarde, mientras en la Cámara baja se aceleraba el debate, el estratega Santiago Caputo y Diego Chaher recibieron en el primer piso de la Casa Rosada a los presidentes de las compañías del Estado para bajarles línea en torno a los pasos a seguir, de cara al ordenamiento, el ajuste y la posible venta que el Ejecutivo pretende encarar en ese rubro.

Abogado, mendocino, con pasado en la actividad privada y muy cercano a Caputo, el consultor cada vez más influyente en las decisiones de gobierno, Chaher, que desembarcó en el Ejecutivo como interventor de los medios públicos y se cargó al hombro el desguace de la agencia estatal de noticias Télam, se encaminaba en estos días a ser designado de manera oficial como secretario de la Unidad Ejecutora de Empresas. El decreto presidencial, según las fuentes, ya estaba listo para ser publicado en el Boletín Oficial.

El cargo que, en la primera etapa de gobierno, bajo el paraguas de Nicolás Posse, ostentó Mauricio González Botto, también eyectado del gobierno cuando Milei le pidió la renuncia al ex jefe de Gabinete.

Según trascendió, el encuentro de ayer tuvo como principal objetivo ordenar a los directores titulares de las empresas del Estado. Y bajar un mensaje de ajuste. Ajuste y orden, para intentar que, a futuro, sean pasibles de ser vendidas.

Fuentes oficiales confiaron a este medio que en las últimas semanas el estratega Caputo le encomendó a Chaher que revisara los directorios de las compañías públicas, y que avanzara en la remoción de aquellos funcionarios que llegaron a la gestión de la mano de Posse, cuya relación con Milei, su hermana Karina y el consultor se deterioró a tal punto que cuando Guillermo Francos, su reemplazo, tuvo la intención de reinsertarlo se topó con una negativa muy férrea por parte de ese “triángulo de hierro”, como definió el jefe de Estado a ese sistema de toma de decisiones que integra junto a la secretaria General y el ex alumno de Jaime Durán Barba.

Caputo quiere directores leales en los directorios de las empresas públicas, encolumnados con las directivas de Casa Rosada, así como también pretende funcionarios incondicionales en buena parte de las áreas de la administración central. Tiene injerencia desde la AFI hasta energía, desde Justicia hasta Salud, en buena parte del gabinete, o en compañías como YPF o AYSA.

En ese sentido, tras su primer éxito parlamentario, Milei y su mesa chica deberán definir en esta nueva etapa de gobierno, en el inicio del segundo semestre, hasta qué punto están dispuestos a reconfigurar la estructura del Ejecutivo. Cuál será el alcance del organigrama de la Jefatura de Gabinete, por caso. Y lo más importante: la presentación de un plan de gestión, que tenga su eje principal en la estabilización de la macro y la microeconomía. “Se van acabando los tiempos”, finalizó ayer su discurso el diputado Pichetto. Una idea similar remarcó Rodrigo de Loredo, jefe de bloque de la UCR. Los aliados empiezan a olfatear una nueva etapa. Creen que el gobierno ya no tiene excusas. La mayoría de los estudios de opinión empiezan a rescatar al desempleo como la preocupación más sensible de los encuestados.

En medio de esa nueva fase de la gestión que empieza a correr, en términos políticos y económicos, a partir de estas horas, una vez aprobada la Ley Bases, el presidente está decidido a recostarse sobre su entorno más cercano. En particular, su hermana -ayer seguía la sesión desde el Congreso junto a Francos- y Caputo. Y los funcionarios que responden a ellos.

Chaher es uno de ellos. También María Ibarzabal Murphy, ex abogada del estudio Cassagne, tal vez de las funcionarias más íntimas del consultor, que monitorea el control sobre las empresas, que supervisó las negociaciones con los aliados del Congreso que lideraron Francos y José “Cochi” Rolandi -el vicejefe de Gabinete que espera en estas horas conocer qué será de su futuro-, pero que tiene un rol mucho más relevante: es, para muchos, el cerebro jurídico del gobierno, con más injerencia incluso que el ministro de Justicia.