El Gobierno prioriza Aerolíneas Argentinas y AySA en su plan de privatizaciones: apura su “saneamiento” para avanzar apenas se apruebe la ley Bases

En estado de agonía por la perpetuación del debate de la ley Bases en el Congreso, el Gobierno se adelanta y ya prepara el terreno para avanzar con su prioridad número uno después de que se apruebe: las privatizaciones. En los despachos más importantes de la Casa Rosada aseguran que la venta de las empresas públicas es el primer paso para la “era post-Bases”, ansiosos por el ingreso de los fondos frescos que llegarían a cambio de las compañías pero, sobre todo, por “sacarse de encima” el peso fiscal que, consideran, le representan al país.

De la lista de 40 empresas que logró mantener en el proyecto -al menos hasta esta semana-, el Ejecutivo priorizará a Aerolíneas Argentinas y AySA, simplemente, porque son las que ostentan mayor déficit. Y en ambas el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, está acelerando especialmente el proceso de “saneamiento” para venderlas lo antes posible.

Primero, el Gobierno necesita desesperadamente la sanción de la ley, pero en el Congreso no todo está dicho. Esta semana, envalentonada, la oposición “dialoguista” empezó a presionar en el Senado con un pedido inesperado para eliminar la aerolínea de bandera de la lista, y en la Casa Rosada admitieron que entró en las negociaciones por la fuerte presión. “Estamos tratando de que no pase”, dijo, lacónico, un importante colaborador del Presidente.

Desde febrero cedieron en innumerables cambios en ese rumbro, al punto de que redujeron sensiblemente la extensa nómina del proyecto original a menos de la mitad. Hoy Aerolíneas representa una cruzada simbólica, y es una de las prioridades de Milei desde la campaña, pero es, a la vez, una de las privatizaciones con menor aceptación en la opinión pública.

Los libertarios más optimistas creen que podrán concretar las primeras formalmente el año que viene, pero antes, admiten, deberán enfrentar un largo proceso, y Posse organizó de antemano un “plan de saneamiento” para “modernizar el Estado y reducir gastos”, implementar un plan de negocios “eficiente” y “poner en orden sus cuentas”.

En Aerolíneas Argentinas, a pesar de la amenaza de retirarla de la nómina, se enfocaron en la “reducción de costos” y la “mejora de ingresos”. Para este año, informaron, aspiran a reducir un 50% el déficit operativo de 2023. Por ejemplo, cancelaron las rutas de Nueva York y de La Habana y empezaron a usar esos aviones en rutas que, aseguran, tienen mayor rentabilidad, como Miami, Madrid, o los destinos del Caribe. Además, “optimizaron” la oferta de vuelos de cabotaje para que acompañe la “demanda real de pasajes”. Y redujeron costos operativos, postas y viáticos, y renegociaron contratos con proveedores.

Para incrementar ingresos, aplicaron una política de branded fares con opción de adquirir servicios complementarios, y aseguraron que le reportarán un estimado de USD 15 millones durante el próximo año. Y aplicaron una primera tanda de retiros voluntarios y acuerdos prejubilatorios: desde diciembre, la redujeron la planta de empleados un 3,5% y proyectan ahorrarse USD 1.5 millones por año con la “reestructuración” de sucursales en el exterior del país.

En AySA se enfocan en los aumentos de tarifas y mencionan un “programa de eficiencia y reducción de gastos”, con eje en la reducción del déficit operativo, siempre con la promesa de que no afectará el servicio de agua y saneamiento. Aunque admiten que “priorizarán” obras, como las cloacas.

Para 2024 proyectan una mejora presupuestaria del 20%, con un ahorro de $100.000 millones, a la que sumarán aumentos en torno al 209% para que la empresa funcione sin necesidad de transferencias del Tesoro Nacional. “Para fin de año, los objetivos de reducción totales en estos principales rubros son 30% de vigilancia, 29% de limpieza, 50% de telefonía, 24% de la flota de vehículos y 15% de la masa salarial”, especificaron. Mientras revisan cuáles son las obras de infraestructura en mejora y mantenimiento, revelaron que priorizarán sólo la continuidad de los proyectos que cuentan con financiamiento de organismos bilaterales y multilaterales de crédito (BID, CAF, BIRF, BEI y FONPLATA).

Ya redujeron la cantidad de vehículos (de los 2229 que había, aseguran que sólo se necesitan 1701); la telefonía (contaban con 3016 celulares, dicen que necesitan 1901 y dieron de baja 1051); los servicios de vigilancia (con un plan de reducción del 35% del gasto) y el recorte a la mitad en la incorporación de tecnología. También rescindirán los servicios de limpieza en un 43% hacia fin de año (hasta ahora lo hicieron en un 40% de las horas); achicaron un 35% las horas extras y, como en AA, lanzaron un programa de retiros voluntarios. El objetivo es reducir un 15% de la masa salarial, y hasta ahora “retiraron” a 754 personas.

En la letra de la ley Bases se establece que deberá intervenir en la auditoría la AGN, con informes que serán claves, donde el Gobierno buscará influir. Faltan tres designaciones de auditores en el organismo, que depende del Congreso (en particular, de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas). Por lo que el paso inmediato de la agenda de Karina Milei será designar al abogado de su confianza, Santiago Viola, en ese lugar. “Esos informes van a ser clave para convencer a las empresas. Sobre todo a las multinacionales o holdings grandes que tienen que rendir cuentas adentro”, dijeron en la Casa Rosada. Probablemente avancen con esa tarea apenas se termine el debate de la ley, que está en su etapa final pero promete prolongarse con resultados inciertos y cambios inesperados. Quizá, también, en la lista de privatizaciones, a partir de la resistencia total del PJ y el kirchnerismo, pero especialmente por las jugadas de último momento de los radicales y algunos referentes de PRO .