En medio de la investigación judicial por el manejo de la ayuda social, se conocieron nuevos audios de beneficiarios de subsidios que pidieron auxilio a las autoridades, denunciando extorsión por parte de los referentes de organizaciones que tuvieron durante los últimos años el poder de administrar la asistencia estatal. Se trata de llamadas telefónicas en las que estas personas, en situación de vulnerabilidad, brindaron ante funcionarios del Ministerio de Seguridad datos de los dirigentes que les exigían la asistencia a marchas y actividades partidarias como condición para seguir recibiendo el beneficio.
“Me cortaron el Potenciar Trabajo por tener un pensamiento distinto, porque en la asociación en la que estaba hicieron una reunión y a los que no pensábamos igual nos hicieron a un lado”, se oye decir a un hombre, que aseguró haber perdido el beneficio del ex plan Potenciar Trabajo (hoy reconvertido) por diferencias con los responsables del MTE, un movimiento de desocupados con presencia en el territorio bonaerense. En la llamada el denunciante asegura que el inconveniente se produjo en el partido de Tigre.
En los audios los denunciantes brindan referencias de los dirigentes de las organizaciones a los que atribuyen actitudes extorsivas. “Al yo no manifestarme, me hizo a un lado, a mí y a otras dos personas más, no me pasó las asistencias”, agregó el hombre en uno de los archivos que forman parte de la prueba documental que sustenta la investigación judicial.
Por otro lado, en otra comunicación, se puede apreciar cómo una mujer apunta contra la Corriente Clasista y Combativa (CCC), organización a la que también acusa de amenazar a los beneficiarios de la ayuda estatal para participar de las movilizaciones. “Esto ya ha pasado, con el gobierno anterior también, se los han sacado (a los planes) automáticamente”, expresa la mujer.
Los audios de las denuncias se conocieron sobre el cierre de una jornada en la que la Justicia avanzó en múltiples allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense, como parte de una investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien reconstruyó la información que surgió de miles de llamados a la línea 134, habilitada por la cartera de Seguridad para que las personas pudieran denunciar en forma anónima situaciones de manejo extorsivo de la ayuda social por parte las organizaciones barriales y los partidos políticos encargados de administrar estos recursos.
En ese contexto, se produjo el secuestro de teléfonos celulares que contenían conversaciones que daban cuenta de una rudimentaria organización por lograr que las personas marchen o se movilicen. Una serie de chats difundidos horas antes, se puede observar que la referente de una organización social le prohíbe la recepción de mercadería a una familia por haber faltado a una movilización.
El esquema, según la investigación que desplegó Pollicita, implicó una orden de jerarquías que organizaban a la gente en cuadrillas, controlados por delegados, referentes que ubicaba en la parte superior de esa suerte de organigrama a dirigentes políticos. Esta forma de gestionar imponía, además, castigos para quiénes no cumplían con los requerimientos de las organizaciones.
Denuncia contra Camioneros y Estacioneros
En otras las comunicaciones a la línea oficial de denuncias se escucha al encargado de un comercio que alerta por un bloqueo realizado por el gremio de Camioneros a una empresa de transporte de Mar del Plata. “Quiero dejar constancia de que quisimos trabajar hoy pero vino el sindicato y nos obligó a cerrar y que se retire el personal”, indica el testimonio.
“Estábamos trabajando, ingresó el personal, abrimos a las 8, pero cayó el sindicato, se quedaron en la puerta, con tono amenazante, y después ingresaron y dijeron que el personal se tenía que retirar porque el sindicato se adhería al paro”, expresa el denunciante.
Idéntica denuncia se conoció contra el gremio que representa a los trabajadores de las estaciones de servicio. “Nos visitaron en moto y nos dijeron que nos iban a romper todo”, señaló la persona que se comunicó a la línea habilitada por el ministerio de Seguridad,
“Nos dijeron que iban a pasar cada 30 minutos a controlar que la estación de servicio esté cerrada”, se escucha en la comunicación.
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