Un intendente de Corrientes fue condenado por el reparto de planes sociales a personas que nunca cobraron el beneficio

La Justicia de Corrientes declaró hoy al intendente de Mercedes, Diego Caram, culpable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación y sustracción de documentos públicos en el marco de una causa por el uso irregular de fondos públicos y el reparto de planes sociales a personas que nunca cobraron el beneficio.

Además, el Tribunal Oral Penal de Mercedes de la tercera circunscripción -integrado por los jueces Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Ríos- halló penalmente responsables a otros cinco funcionarios municipales involucrados en el caso.

Los funcionarios llegaron al juicio acusados por el engrosamiento mensual de planillas de pagos de planes sociales municipales, con personas que no sabían sobre su arbitraria e inconsulta incorporación. Según la denuncia, se asignaban estos beneficios adulterando la planillas falsamente un lugar de trabajo, la actividad, y a su vez, el monto que percibían llamativamente superaba la generalidad estándar y habitual del monto que perciben la mayoría de los planes sociales. Esta situación se repitió entre los meses de mayo y octubre del año 2019.

Los hechos fueron denunciados por el ex intendente de la misma localidad, Víctor Cemborain. De acuerdo a la investigación, hubo 76 personas involucradas en las planillas que figuran como beneficiarias de un plan que nunca cobraron ni se enteraron que recibían el beneficio. Durante el juicio, 55 de ellas se presentaron a declarar (la fiscalía no pudo dar con el resto) y reafirmaron no haber percibido dinero en concepto de planes sociales.

La fiscalía apuntó a Caram y también a otros funcionarios: Pedro Jorge Brun, quien se desempeñara como Secretario de Hacienda y Finanza de la misma Municipalidad; Claudio Javier Deimundo, tesorero municipal; Gabriela Itatí Gómez, encargada de Bienes Patrimoniales; Mariangeles Solange García Fariña, jefa de personal del municipio; Andrés Celestino Fernández, quién cumplía funciones de auxiliar administrativo; y Cecilia Maricel Casco, auxiliar administrativa de la Secretaria Privada de la Municipalidad.

“Me hago responsable del lugar que ocupo y ocupé en el municipio. Voy a responder por el cargo que ocupé”, había dicho el intendente en uno de los momentos que tomó la palabra ante los magistrados. En otra audiencia manifestó que siempre se mostró predispuesto a la investigación y colaboró para que se esclarezca la situación: “Siempre quisimos regularizar la situación de los planes sociales en el municipio”. Su defensa, en tanto, cuestionó el origen las planillas de los planes sociales presentadas en el expediente.

“Todo lo que hayan dicho lo vamos a hacer caer con pruebas. Tenemos la tranquilidad de haber hecho bien las cosas y probadas”, había expresado Caram semanas antes del juicio, que comenzó a principios de marzo pasado. En una entrevista con El Litoral, señaló que la causa fue una maniobra política en su contra previo a las elecciones de 2019. “Estas cosas aparecen cuando tenés alguna aspiración provincial. No es casualidad de que este juicio aparezca cuando queremos armar algo con otros intendentes”, insistió.

Este viernes, el juez Troncoso dio lectura a la sentencia y luego realizó una explicación de los puntos argumentando la decisión unánime de dicho cuerpo. Tras declarar culpable a Caram, el Tribunal sostuvo que “el texto de la ordenanza es claro en esto, ya que el imputado no podía desconocer la norma municipal teniendo en cuenta el cargo que ostenta y además que antes de ejercerlo fue concejal de la comuna”, refiriéndose al delito de incumplimiento de funcionario público y peculado.

Pedro Brun fue declarado responsable de los delitos de peculado, falsificación de documentos públicos y sustracción de documentos en calidad de coautor. También en calidad de coautor, Claudio Deimundo fue declarado responsable de los delitos de peculado y falsificación de documentos. En cuanto a Mariángeles García Fariña, fue declarada responsable por peculado y falsificación de documentos. Gabriela Gómez, por su parte, por peculado y falsificación de documentos. Y Cecilia Casco fue declarada responsable del delito de sustracción de documentos públicos.

Por último, Andrés Celestino Fernández fue absuelto.

La audiencia de cesura de pena en donde se debatirán los montos punitivos se realizará el próximo martes.

El desenlace de este proceso sucedió casi un mes después de que la Justicia correntina condenara a otro intendente: Juan Ramón Castellanos, mandatario de la localidad de Perugorría, recibió un año y ocho meses de prisión en suspenso por haber derrumbado con una topadora la casa de un vecino del barrio La Tablita, hecho que ocurrió en 2021.

Además, le impusieron tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante el mismo periodo, tras haberlo considerado culpable de los delitos de usurpación y abuso de autoridad.