“La bala nos entró, pero más adelante les va a entrar a ellos”. Con esas palabras, un funcionario de Javier Milei resumió esta mañana el balance del Gobierno sobre la primera marcha masiva en su contra y, sobre todo, sus planes para contrarrestar sus nocivos efectos en la opinión pública. Con “ellos” se refería a los grupos opositores que impulsaron la manifestación, principalmente el radicalismo crítico y el kirchnerismo. Con la “bala”, al resultado de las auditorías que tienen planeado impulsar en el corto plazo y que, están seguros, reflejarán irregularidades que comprometerán seriamente a “la casta”.
La estrategia de la Casa Rosada frente a las protestas cambió durante los últimos cinco días. Pasaron de minimizarla, la semana pasada, a calificarla como partidaria -ayer-, a admitir que aquellos manifestantes autoconvocados, que participaron sin banderas, tenían reclamos “genuinos”, pero que habían sido de alguna manera engañados por actores políticos que “con maldad” habían logrado convencerlos de que el Gobierno quería cerrar las universidades públicas. No mencionó que Milei, durante la campaña y en la gestión, sostuvo en varias ocasiones que no apoya la educación pública, que considera que el mejor sistema es el privado y que su plan de mediano plazo es introducir un sistema de vouchers y arancelar.
“La marcha fue impresionante. En paz, no voló una mosca, ni siquiera ensuciaron la plaza”, reconocieron esta mañana en Balcarce 50 con la frialdad de quien sabe que se tomará revancha. Después del fuerte revés que representó la enorme convocatoria en su contra, por un lado planean continuar la negociación con las universidades por el Presupuesto, y probablemente mejoren la oferta que rechazaron las autoridades. Pero se enfocarán, principalmente, en auditar. “Tiene que haber un organismo independiente de control, así van a saltar las cosas”, dijo un funcionario.
El objetivo de fondo es demostrar la hipótesis, deslizada a repetición por los pocos voceros del oficialismo, de que los mismos dirigentes que hoy dicen defender a la universidad pública en realidad la usaban “como caja”. “Es lo mismo que los gremios con las obras sociales”, dijeron. La pregunta es si al Gobierno le conviene redoblar la apuesta después del impacto que sufrió ayer.
Fuentes autorizadas de la Casa Rosada habían admitido que el control de ejecución presupuestaria depende de la Auditoría General de la Nación (AGN), como dicta la ley de Educación Superior, pero hoy deslizaron que no dejarán de insistir para auditar por fuera. Parten de la premisa de que la AGN, que depende del Congreso y cuyos miembros son electos por ambas Cámaras, es un órgano “partidario”, que “apenas audita o lo hace “de manera irregular”, justamente, porque responde a “intereses políticos”.
Saben que el camino para lograrlo no será fácil. Los rectores de las universidades, entre ellos el de la UBA, Ricardo Gelpi, su vice, el dirigente radical Emiliano Yacobitti; y el titular de la Universidad de San Luis, Víctor Moriñigo, que conduce el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se pusieron en guardia ante el anuncio de los planes que hizo el Gobierno para revisar los balances,y recordaron insistentemente la condición de autonomía y autarquía de las instituciones que conducen.
En Gobierno, sin embargo, no creen que sea imposible. Aseguraron que en la primera reunión de la semana pasada habían acordado informalmente con el CIN en avanzar con una auditoría conjunta. Y hoy revelaron que no cesarán en buscar un acuerdo. Harán la propuesta, nuevamente, pero de manera oficial, en el próximo encuentro Consejo, previsto para el 30 de abril, donde promoverán que intervenga un ente “neutral” y “estrictamente técnico”. En off, admitieron que piensan en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el órgano de control interno del Poder Ejecutivo, que ya hizo algunos informes, puntuales. Se basarían en un acuerdo que había prmovido el ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner, Carlos Zannini, para que la SIGEN mejorara los procesos de auditoría. Ese convenio había tenido el aval de 20 de las 54 universidades, y la UBA no estuvo entre las firmantes.
El plan está en manos de la secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendell y, particularmente, de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que maneja Alejandro Álvarez. Ambos responden a la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que en los últimos días, a pesar de la convulsión que atravesó directamente a su cartera, se llamó a silencio absoluto y ordenó a los funcionarios de su órbita que hicieran lo propio.
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