El Gobierno de Javier Milei decidió este miércoles enviar integrantes de Gendarmería Nacional a Venezuela, con el objetivo de custodiar el edificio de la embajada argentina en el país caribeño, frente a la posibilidad de ataques de parte del régimen que lidera el dictador Nicolás Maduro. En la sede diplomática se encuentran refugiados dirigentes opositores, disidentes a la dictadura chavista.
La medida se inscribe en el marco de tensión que se vive en Venezuela, donde se desarrollarán elecciones el próximo 28 de julio. En el proceso electoral, los líderes de la oposición fueron proscriptos de distintas formas por la régimen que detenta el poder.
Esta decisión se produce después de que las autoridades argentinas denunciaran que la Embajada había sufrido una interrupción en el suministro eléctrico luego de albergar a los opositores en las horas anteriores al cierre del registro de candidaturas.
De esta forma, uno de los gendarmes enviados se apostará frente al edificio en en Caracas, y el otro se encargará de custodiar la residencia oficial del representante diplomático argentino, donde actualmente la seguridad está a cargo de dos militares de la Guardia Bolivariana.
Esta decisión ha sido adoptada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a instancias de la Canciller, Diana Mondino. Las autoridades argentinas han confirmado que varios disidentes venezolanos se encuentran refugiados en su Embajada en Caracas en medio de las tensiones a nivel político.
Corina Machado se impuso en las primarias opositoras y fue designada como candidata a las elecciones, pero fue inhabilitada por la Justicia venezolana. Fue entonces cuando se escogió a Corina Yoris como aspirante disidente, pero el programa de inscripción de candidatos impidió su registro. Tras las denuncias de la oposición de que el Gobierno de Maduro había impedido la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática, la autoridad electoral confirmó que Eduardo González Urrutia se había inscrito como aspirante de Mesa de la Unidad Democrática, absorbida por la PUD, tras una prórroga ante las denuncias de irregularidades.
“Alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE de la candidata de toda la unidad democrática de Venezuela, Corina Yoris”, denunció en su cuenta de X María Corina Machado, la líder opositora venezolana con más respaldo popular y quien nominó a Yoris como su sustituta ante la inhabilitación ilegal del régimen de Maduro.
Tensión con Venezuela
La decisión del gobierno argentino, en tanto, se da en el marco de tensión creciente entre las administraciones de Milei y Maduro. La gestión del Presidente argentino viene de denunciar en foros internacionales a la dictadura venezolana. Por caso, el embajador argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Carlos Foradori alertó sobre la represión de Maduro a opositores el pasado 20 de marzo, en Ginebra.
“La Argentina expresa su profunda preocupación por el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, en especial las detenciones arbitrarias, el acoso y amenazas a los opositores políticos y la censura a la prensa y las restricciones a las ONG (Organizaciones No Gubernamentales)”, enfatizó Foradori durante su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos que sesionó en Ginebra.
Por otro lado, la dictadura venezolana ha planteado una represalia ante tales pronunciamientos. Un ejemplo de ello es la prohibición a los aviones de bandera argentina a circular por el espacio aéreo venezolano. Lo informó el régimen, poniendo así un severo obstáculo en las rutas aéreas que se dirigen hacia el caribe.
No obstante, los vuelos de Aerolíneas Argentinas lograron sortear esta restricción utilizando la ruta que atraviesa la región de Esequibo, un territorio que pertenece a Guyana, aunque el régimen de Venezuela reclama como suyo.
El argumento de Maduro y su gobierno, en ese caso, fue una suerte de respuesta frente a la investigación que la Justicia argentina impulsó sobre el avión de venezolano-iraní que aterrizó en 2023 en suelo argentino y que motivó una causa por averiguación de posibles maniobras de espionaje y presuntos vínculos con el terrorismo.
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