El GAFI inició la evaluación de Argentina en políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso en marcha hoy el proceso de evaluación en el país de las políticas adoptadas por la Argentina en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los ejecutivos de ese organismo multilateral iniciaron la visita in situ que se extenderá hasta el 26 de marzo, con un acto al que asistieron altas autoridades de los tres poderes del Estado y miembros del organismo internacional, en el Palacio San Martín.

En el evento, que se desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentó el equipo evaluador, que está integrado por representantes designados por seis países del GAFI, uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarías ejecutivas de esa entidad y uno del GAFILAT. Según se informó oficialmente, ese grupo estará encargado de elaborar un informe independiente que contenga análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas del organismo en Argentina.

Para eso y durante 20 días, mantendrán una intensa agenda de reuniones con las autoridades competentes en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y con representantes del sector privado.

El GAFI es un organismo internacional compuesto de 39 miembros, entre los cuales está la Argentina desde el año 2000. La revisión a nivel de pares produce una calificación país que resulta decisiva para el acceso a los mercados financieros internacionales, para la atracción de inversiones y para tener menores costos transaccionales. El resultado del estudio que comenzó desde este miércoles será dado a conocer en octubre de 2024, en el próximo plenario del GAFI.

Diana Firth, coordinadora del equipo evaluador del GAFI -con referentes de China, Finlandia, Brasil, EEUU, Italia y Turquía- se comprometió a entregar un reporte que refleje la situación de Argentina y consideró que el proceso de evaluación beneficia a los países involucrados porque sirven para generar recomendaciones y acciones a tomar, que ayudan a seguir mejorando. “Debemos llegar a la conclusión de si este sistema cumple técnicamente con los estándares del GAFI y si alcanza los objetivos detallados y la metodología, entendiendo el contexto nacional”, explicó Firth.

En el acto estuvieron presentes el secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin; el equipo evaluador del GAFI; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse; el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el procurador General de la Nación, Eduardo Casal; presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; el ex presidente del GAFI y actual miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Otamendi.

También participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi; y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori.

Además, participaron el vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio; integrantes del Comité de Coordinación para la prevención y la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el Inspector General de Justicia, Daniel Vítolo; y representantes de la Cámara de Senadores de la Nación, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El secretario de Relaciones Exteriores, Leopoldo Sahores, abrió el encuentro y destacó el compromiso de la Argentina con el combate de estos delitos. “Creemos firmemente en la implementación efectiva de los estándares del GAFI, nos garantiza que nuestra sociedad viva más segura y establece reglas de juegos claras y transparentes para los actores económicos que procuren invertir en nuestro país”, sostuvo Sahores.

Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, señaló que la principal preocupación de Argentina durante la Presidencia de Javier Milei, es mejorar la articulación entre los sistemas de prevención y sanción de estos fenómenos criminales. “Esto contempla un plan basado en la implementación en todo el país del Código Procesal Penal Federal, en cubrir el 30% de vacantes que hay en la justicia federal y en fortalecer la independencia de los jueces, designando a los más idóneos”, detalló el funcionario.

El titular de la UIF y representante Nacional Alterno ante el GAFI/GAFILAT, Ignacio Yacobucci, destacó que la presencia de altas autoridades del país denota el compromiso de la Argentina en el proceso evaluatorio, al que definió como “una oportunidad para consolidar el sistema de prevención del lavado y financiamiento local”.

La IGJ destacó que siendo que el lavado de activos es un mecanismo que opera generalmente mediante la utilización de estructuras jurídicas empresariales, la función de contralor que sobre estas organizaciones tiene una importancia vital. Tanto la constitución de estructuras locales, como la actividad que en el país desarrollan diversas sociedades constituidas en el extranjero, y aún organizaciones catalogadas como de bien público, sin fines de lucro o de promoción del bien común (ONGs) del país y del exterior, pueden ser utilizadas como un vehículo para la legitimación de activos de origen delictivo.

“La Inspección General de Justicia asumió un compromiso firme y sostenido en materia de prevención y combate del lavado de dinero, y cuenta con una unidad específica y muy profesional en este campo, que depende directamente del Inspector General. En consonancia con la reunión de GAFI en Buenos Aires, estamos revisando el marco normativo de nuestra institución para adecuarnos a los estándares más exigentes y eficientes en la materia”, afirmó Vítolo