El canciller británico, David Cameron, que llegó este lunes a las Islas Malvinas, afirmó que espera que el territorio quiera seguir bajo administración del Reino Unido “mucho tiempo, posiblemente para siempre”.
Asimismo, según informó la agencia de noticias AP, Cameron se refirió a los habitantes del archipiélago: “Mientras quieran ser parte del Reino Unido son absolutamente bienvenidos y los apoyaremos y ayudaremos a protegerlos y defenderlos absolutamente, en lo que a mí respecta, por el tiempo que quieran. Y espero que sea por mucho, mucho tiempo, posiblemente para siempre”.
La visita del funcionario del Reino Unido a Malvinas es la primera que un canciller británico realiza desde 2016. Se concretó un mes después de que se reuniera con Javier Milei en Suiza, durante el Foro Económico Global en Davos.
A diferencia de otros presidentes, Milei tiene en cuenta a los habitantes de las islas del Atlántico Sur que pertenecen a la Argentina. En ese contexto, el jefe de Estado propone una salida similar al acuerdo negociado por Inglaterra con China respecto a Hong Kong.
“Nosotros queremos ir a una solución factible respecto a las Islas Malvinas. Inglaterra tuvo un conflicto parecido a este: fue con China y por el caso de Hong Kong. Nosotros proponemos una solución similar, donde por la vía diplomática Inglaterra nos devuelva las Islas. Pero en ese proceso, usted no puede dejar de lado lo que pasa con aquellos que viven en las Islas. Es decir, usted tiene que buscar una solución no solo con Inglaterra, sino que además tiene que contemplar los intereses de los que viven en las Islas”, argumentó Milei en su momento.
La visita de Cameron generó fuertes repercusiones en la oposición peronista. Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, declaró al Canciller como “persona non grata” y calificó el viaje como una “verdadera provocación” contra la soberanía argentina.
“La presencia de David Cameron en nuestras Islas Malvinas configura una nueva provocación británica que busca menoscabar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestros territorios y sostener el colonialismo en pleno Siglo XXI. No lo vamos a permitir”, expresó el funcionario.
“En tanto persista la usurpación británica de nuestro territorio y el Reino Unido siga rehusándose a reanudar las negociaciones que la Comunidad Internacional establece para devolvernos lo que por historia y derecho nos pertenece, no descansaremos en nuestra lucha. Ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial, mancillando la memoria y el sacrificio eterno de nuestros Héroes de Malvinas, será bienvenido en nuestra provincia”, agregó.
En sintonía, el excanciller Santiago Cafiero manifestó su “más categórico rechazo” a la presencia Cameron en Malvinas y lo definió como una “provocación”. “Se trata de una nueva e inadmisible provocación, que no sucedía hace 30 años, y que debe ser rechazada por el gobierno nacional (...) Sorprende y preocupa el silencio de la Cancillería argentina. El rechazo y la protesta de este tipo de actos y provocaciones no es una hostilidad. Es usar el derecho internacional para preservar derechos que le corresponden a la República Argentina”, aseguró.
Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, también se hizo eco. “La Cancillería argentina guarda silencio ante una provocación que exige una reacción diplomática. Si el repudio y la protesta no salen del Gobierno, demostremos como pueblo que no consentimos al colonialismo”, apuntó.
Días atrás, según informó el portal Crítica Sur, la Confederación Sudamericana de Municipios (COSUDEM) también manifestó su firme apoyo a la Argentina y a Tierra del Fuego “frente a la creciente militarización británica” en las Islas Malvinas. Lo hizo a través de su presidente, Juan Matteo, quien aseguró que en nuestras islas “se están llevando adelante ejercicios militares por los británicos de forma contraria al derecho internacional”.
Asimismo, hizo clara su preocupación por el desarrollo de actividades ilegítimas de exploración de hidrocarburos por parte del Reino Unido, en clara violación de la resolución 31/49 de la Asamblea General.
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