La oposición recibió bien el anuncio de Caputo y advierte que ahora las facultades delegadas serán el centro del debate

El anuncio del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue bien recibido por la oposición dialoguista y se allanó el camino para que el Ley Ómnibus obtenga media sanción la semana que viene.

El Gobierno decidió dejar para más adelante -durante las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo- el aumento de retenciones, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, el adelanto de Bienes Personales, la moratoria y el blanqueo.

“Es una decisión acertada del ministro Caputo separar el tema que requiere una instancia más de discusión. Todos coincidimos con la necesidad de equilibrio fiscal, pero los medios para alcanzarlos tienen que ser equitativos y razonables”, publicó Rodrigo de Loredo en las redes sociales minutos después del anuncio.

Los radicales, que ya habían dejado expuestas sus diferencias internas durante el debate en comisión cuando ocho diputados no firmaron el dictamen de mayoría y otros ocho lo hicieron en disidencia, tenían 34 votos clave y la llave para rechazar cualquier artículo con el que no estuvieran de acuerdo.

A pesar de que durante los últimos días tanto el presidente Javier Milei como diferentes voceros del Gobierno se encargaron de repetir que no iban a negociar el corazón del proyecto, finalmente se impuso la fría aritmética parlamentaria. No había votos.

Dado que La Libertad Avanza tiene apenas 38 bancas, más otro puñado de aliados incondicionales, se encuentra en una posición de debilidad absoluta, muy lejos del mínimo de 129 que necesita para sostener el quórum y para aprobar los artículos sin acuerdo. Incluso a pesar de haber logrado ayer que los tres diputados tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo abandonen el bloque de Unión por la Patria.

En las filas del radicalismo interpretaron que el Gobierno dio marcha atrás tras entender que iba a camino a un rechazo masivo en el recinto de algunos artículos como jubilaciones y retenciones, y que esa derrota terminaría impactando en su imagen ante la opinión pública.

Sin embargo, ahora el bloque se mantiene en alerta a la espera de conocer -nuevamente- la letra chica del texto definitivo. Las suspicacias se mantienen debido a que en la conferencia Caputo no aclaró si los cambios a la ley de Pesca o en los regímenes de Hidrocarburos y Biocombustibles están incluídos o no en el “capítulo fiscal” que será eliminado. Además, durante la última semana ya ocurrió que el Gobierno se comprometía a hacer cambios que luego no se veían reflejados en la redacción de los artículos.

Por otro lado, ante la consulta de Infobae, tanto en la UCR como en Hacemos Coalición Federal reconocieron que el foco del debate ahora será el artículo que detalla las emergencias y las facultades delegadas.

El proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2024, prorrogable por otro año con aprobación del Congreso. Asimismo, se delegan facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia.

“Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley”, advirtió Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por Patria.

La Coalición Cívica, que forma parte del bloque HCF, impulsaba desde un principio la eliminación por completo las facultades delegadas mientras que la UCR buscaba restringir la cantidad de áreas en las que se declara la emergencia y acotar el margen de acción del Poder Ejecutivo en las áreas donde sí se delegan facultades.

“Nuestro partido nunca las votó, nació por no votarle delegaciones a Domingo Cavallo en 2001. Aunque acotadamente le vamos a ofrecer emergencias al Gobierno”, adelantó Juan Manuel López durante el plenario de comisiones.

Durante el encuentro del jueves con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el oficialismo se habría comprometido a retirar las emergencias en materia Previsional y Sanitaria, y también agregarle bases específicas a la de Seguridad.

Otro punto que no tenía acuerdo y por el momento tiene futuro incierto es la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Durante la semana los gobernadores propusieron que antes de traspasarlo al Tesoro Nacional debía ser utilizado para saldar las deudas con las cajas provinciales y para pagar los juicios jubilatorios, que rondan los 300 mil.

Al mismo tiempo, desde el bloque radical se sumaba otra alternativa: consolidar la deuda intra Estado (USD 22 mil millones) pero preservar otros activos como acciones y obligaciones negociables (USD 11 mil millones) sin el traspaso al Tesoro Nacional.

Entre los puntos que Caputo calificó como “los más importantes” del proyecto se destacan todos los que apuntan a reformar el Estado:

-Autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam. YPF ya fue excluida del listado a pedido de la oposición.

-La concentración en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas.

-Nuevos criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones.

-Instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia, como el INADI.

-Pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

-Unificación de los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.

“La medida anunciada garantiza que no existen razones para demorar la aprobación de la Ley”, dijeron desde la Casa Rosada. El objetivo de sesionar este martes se mantiene en pie