
Los choferes de Bolivia realizan este miércoles un masivo paro en La Paz en reclamo por la supuesta demora en el pago de un seguro de resarcimiento de daños mecánicos atribuibles a la calidad de la gasolina. Los conductores anunciaron al menos 44 puntos de bloqueo, aunque los medios locales reportan más.
En medio de las protestas, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, pidió a los dirigentes “reflexionar” sobre la radicalidad de la medida y afirmó que a partir de hoy iniciarán los pagos de compensación.
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“Ya se están gestionando los pagos; desde mañana (miércoles) se empiezan a hacer los pagos en ventanillas para los que hubieran hecho su reporte”, afirmó el funcionario y agregó que se destinarán 2,5 millones de bolivianos (unos 360 mil dólares) para el pago de esta jornada.
Este conflicto surge luego de varias denuncias por fallas en los motores y bajo rendimiento de los vehículos, debido a la distribución de gasolina de mala calidad. En una conferencia de prensa realizada en febrero, Alky admitió que se identificaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, heredados de la anterior gestión, lo que habría contaminado la gasolina.
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Según una estimación del Colegio de Ingenieros Mecánicos realizada a mediados de febrero, cerca del 60% de los vehículos que estaban en talleres presentaban fallas atribuibles a la gasolina.
En medio de crecientes reclamos, el Gobierno se comprometió a resarcir los daños a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) y se dispuso que la compensación se haría con base en el nivel de daño. A través de un comunicado, YPFB informó que hasta ayer se habían pagado 1,5 millones de bolivianos (más de 214.000 dólares) en compensaciones a “más de mil” usuarios afectados por la gasolina “desestabilizada” y que este proceso continuaría en abril.
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En paralelo a la creación del seguro, se implementaron aditivos especiales y detergentes para reforzar el combustible —lo que provocó algunas demoras en los despachos— y la militarización de las plantas de refinería en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con el objetivo de tener mayor control en la cadena de distribución luego de que el presidente Rodrigo Paz denunciara un plan de “sabotaje” en la estatal petrolera que nunca explicó técnicamente.

El Gobierno retiró en diciembre el subsidio a los combustibles que estuvo en vigencia en las últimas décadas y puso fin a los problemas de abastecimiento, tras dos años de irregularidades que provocaron filas interminables en las estaciones de servicio y perjuicios para sectores estratégicos como la agroindustria. De igual forma, se eliminó el contrabando de gasolina y diésel baratos a países vecinos.
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A pesar de estos avances, en enero surgió un nuevo conflicto a raíz de los cuestionamientos sobre la calidad del combustible distribuido: los bolivianos pasaron de la escasez a la incertidumbre sobre su confiabilidad.
En ese contexto, la protesta de los choferes ha ido subiendo de tono y algunos dirigentes exigen la renuncia del presidente de YPFB y del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por el supuesto “incumplimiento” en los desembolsos del resarcimiento.
En una jornada caótica por el paro de transporte en La Paz, se dispuso tolerancia en el horario de trabajo y el ingreso escolar, además de la ampliación del funcionamiento del teleférico.
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