El Gobierno prioriza a los gobernadores para negociar la Ley Ómnibus: las cartas en juego y el rol de los diputados aliados

Las señales de humo que enviaron los jefes de bloque de los partidos aliados desde el Congreso a la Casa Rosada para negociar la Ley Ómnibus, por ahora, fueron infructuosas. Y no es casual. El Gobierno está decidido a restringir los contactos de los diputados y senadores opositores, por más poder propio que tengan, al ámbito legislativo. Aunque alegan motivos organizativos, en oficinas de la cúpula libertaria perciben otra señal de firmeza e intransigencia de parte de Javier Milei.

Aunque empezó a ceder en ciertos puntos y evalúa cómo avanzar con otros, el Presidente no quiere que se desordenen las conversaciones, y acota las interlocuciones para mostrar firmeza. De hecho, desde que asumió, el Presidente apenas se entrevistó en persona con los líderes opositores. Sólo recibió, en diciembre, a los gobernadores en conjunto -cada uno planteó sus inquietudes y el jefe de Estado se comprometió a retrotraer Ganancias a cambio de apoyo al DNU y la Ley Ómnibus- y la semana pasada se entrevistó con el santacruceño Claudio Vidal, en la escala de su viaje a la Antártida en Río Gallegos.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, accedió anteayer a ver a los gobernadores, por primera vez. Y el asesor Federico Sturzenegger, autor del decreto de desregulación, se mantiene ajeno a las negociaciones. Además, ninguno de ellos asistió al Congreso para responder preguntas en el plenario de comisiones, como les exigían.

El único interlocutor en el Ejecutivo es Guillermo Francos, que sólo accede a cónclaves o bilaterales con los gobernadores. La primera fue con el peronista Martín Llaryora. La segunda, con el resto, por Zoom. La tercera, con todos ellos y Milei. La cuarta, con el chubutense del PRO, Ignacio Torres (a la que sumó a un intendente, Guillermo Montenegro, para discutir los reclamos a la reforma del Régimen Federal de Pesca). La quinta, con el entrerriano Rogelio Frigerio, también del partido amarillo. Y la sexta y última, con los diez mandatarios de Juntos por el Cambio, el viernes.

Mientras tanto, hubo contactos telefónicos con miembros de la liga, aunque la mayoría no trascendió. Por ejemplo, apenas se conoció el proyecto, Francos le aclaró a distancia al neuquino Rolando Figueroa que se revisaría el artículo que impone cambios en las concesiones petroleras, porque había quedado mal redactado.

Pero no recibió a Cristian Ritondo, ni a Miguel Pichetto, ni a Rodrigo De Loredo, ni a Facundo Manes, jefes de bloque del PRO, Hacemos Coalición Federal y las dos alas radicales. Tampoco tiene planeado hacerlo. En Balcarce 50 argumentan que la reticencia se debe a una cuestión organizativa. “En nuestro gobierno somos ordenados. Cada uno cumple su papel y eso se respeta”, dicen.

No quieren desautorizar a los presidentes de Diputados y el Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, las espadas legislativas de La Libertad Avanza. Pero en los bloques aliados, ávidos de llegar al centro de decisiones, desconfían de las justificaciones y, en lugar de una muestra de capacidad organizativa, ven una señal política. “No parece que les interesemos mucho”, deslizó un diputado. “Nos están castigando, ninguneándonos”, agregó otro, en voz baja. Por ahora no activarán reclamos en público, pero el recelo está presente, y pendiente. “Ahora no conviene avanzar, ya nos van a necesitar”, dijeron.

Un referente de peso en LLA, que dialoga asiduamente con los los ministros y legisladores -propios y ajenos-, deslizó que la única llave para obtener una mayoría simple que les permita aprobar el grueso está en los radicales. Y aseguró que no tienen necesidad de hacer concesiones con el PRO. Dan por sentado su respaldo, a pesar de que en la fuerza que fundó Mauricio Macri se multiplican las internas y existe la posibilidad de que no voten en bloque.

A la histórica división entre halcones y palomas se sumó el distanciamiento entre el ex mandatario, que sigue moviendo hilos, de Bullrich -y viceversa-. Y en febrero los amarillos votan por su próximo presidente. Si bien la ministra de Seguridad no lo admite, se rumorea que piensa ir por la reelección. Pero también suenan el gobernador de Chubut, Torres, y Frigerio, como eventuales representantes del “PRO federal”.

Sin embargo, los tironeos partidarios tienen sin cuidado al Gobierno. Confían en que Patricia Bullrich, a quien integraron al Gobierno, conduce a la mayor parte de los legisladores de esa bancada. Y creen que el resto se verá forzado a acompañar por motivos ideológicos. “El PRO nunca, jamás podría votar con el kirchnerismo. Están obligados a acompañarnos”, calculan.

Por lo pronto, esta semana Caputo y Francos se comprometieron con los gobernadores, durante la primera reunión con el titular de Economía, a revisar los puntos sobre los que el PRO no estaría dispuesto a negociar porque “afectan a sus economías regionales”. Los ejes controverisales son, justamente, los que más le importan al Gobierno, las retenciones y el biodiésel, que implican una mayor recaudación de divisas que les permitan afrontar la deuda, reducir la emisión y alcanzar la meta de déficit cero que le prometieron al FMI, y que consideran clave para bajar la inflación.

En paralelo, muy relacionada, sigue la discusión por Ganancias. Esta semana Caputo y Francos les dejaron saber a los gobernadores, inquietos por la significativa reducción de sus ingresos en concepto de fondos coparticipables, que Milei no enviará el proyecto que prometió para retrotraer la suba del mínimo no imponible hasta tanto no tenga aprobada el proyecto en ambas Cámaras. Ya les había deslizado la condición, y el viernes demostró que está firme la estrategia de usar la carta tributaria como moneda de cambio.

También está pendiente el reclamo de la bancada sobre la letra fina del artículo que suspende, hasta nuevo aviso, la movilidad jubilatoria. En el PRO piden que se incluya una cláusula que aclare, sea cual fuera la disposición del Ejecutivo, que el porcentaje fijado le gane a la inflación. Caputo evalúa esos temas en diálogo con Milei, en absoluta reserva. A dos semanas de que venza el plazo que impuso el Ejecutivo para el fin de las sesiones extraordinarias, tienen poco tiempo para decidir hasta dónde ceden sin que se les compliquen las cuentas. Por lo pronto, en Gobierno insisten en que no están dispuestos a prolongar ese período, a pesar de las advertencias de propios y ajenos sobre la imposibilidad de debatir y aprobar la iniciativa en el Senado antes del 31 de enero.