El Gobierno no planea extender las sesiones extraordinarias a pesar de las demoras y las presiones de la oposición

El oficialismo no logró obtener dictamen para la Boleta Única en el Senado, un proyecto que tenía previsto aprobar la semana próxima en el recinto. Y ayer, el plenario para constituir las comisiones donde se tratará la ley Ómnibus terminó en un fuerte escándalo. Mientras tanto, el Pro reclama la atención propia de un partido aliado; mientras que el kirchnerismo, pegado a la izquierda, se muestra en pie de guerra, y varios legisladores de todo el arco político advierten los tiempos del debate no alcanzan para sesionar el 25 de enero. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que están decididos a sostener el límite fijado en la convocatoria a Sesiones Extraordinarias.

“No lo estamos evaluando”, dijo esta mañana taxativo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria, frente a una pregunta de Infobae. Poco antes, en la introducción, había felicitado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la conformación, ayer, de las cuatro comisiones por las que el Gobierno dispuso que se trate el proyecto basal libertario (Relaciones Exteriores, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto). Pero no mencionó la demora, que llevó a un pedido del Presidente para que aceleraran; ni cómo escaló la tensión en el plenario de ayer, donde los legisladores terminaron a los gritos, entre cuestionamientos del kirchnerismo y la izquierda por las formas de LLA.

Esa trifulca se sumó al revés del miércoles, cuando La Libertad Avanza no logró darle dictamen a la Boleta Única de Papel en el Senado, entre quejas de senadores de la oposición -no kirchneristas- por la “improvisación” del oficialismo en su apuro. La oposición, e incluso los aliados, apuntan por lo bajo desde hace días que el oficialismo tiene muy pocas chances de empujar la sesión antes de fin de mes. “No dan los tiempos”, aseguran.

Según pudo saber este medio, en altos despachos de la Casa Rosada se discutió la posibilidad de prorrogar por algunas semanas en febrero se discutió, al vislumbrar dificultades. Pero hoy Adorni manifestó, oficialmente, que el Gobierno está muy firme en mostrar que no está dispuesto. El vocero apenas dejó lugar a cierta posibilidad de evaluarlo a futuro, y reiteró que no está en los planes: “Los tiempos legislativos tienen su propia dinámica, y en tal caso, si se debiera tomar la decisión de evaluarlo y extenderlas, así lo informaré. Pero no se está evaluando esto. Entendemos que los plazos están dentro de los parámetros que harán que se puedan cumplir. Confiamos en que haya celeridad en el trámite legislativo”, añadió.

Milei apuesta a mantener sin ningún cambio la ley ómnibus, pero desde que se presentó la ley se admitieron dos modificaciones. La primera fue hace dos semanas, a partir del reclamo de las provincias petroleras, con el gobernador neuquino Rolando Figueroa al frente, por las concesiones de los yacimientos. La segunda, ayer, cuando admitieron introducir modificaciones “aclaratorias” en el artículo que modifica el Régimen Federal de Pesca luego de que los jefes provinciales patagónicos señalaran graves errores.

La introducción de más cambios como los que ya se aceptaron podría generar mayores demoras, en especial si el oficialismo opta por una postura intransigente en los temas más polémicos, como la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Pero siguen firmes en que necesitan apurar lo más posible la aprobación de las “Bases para la Libertad” por la situación de emergencia económica y social. .

El Presidente no aplica el mismo apuro, al menos por ahora, al tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La Comisión Bicameral Permanente aún no se formó y no hay señales de que quedará conformada en lo sucesivo. En Gobierno alegan que es el kirchnerismo el que está demorando la conformación, porque no cede en el reclamo por la cantidad de diputados que le corresponden como primera minoría (piden cuatro, y Menem quiere darles tres). Pero la estrategia del oficialismo esa estirar lo más posible el funcionamiento, con la esperanza de que venza el plazo de diez días para dictaminar que establece la ley.