La CGT limita los alcances de la marcha del miércoles a Tribunales y excluye a los piqueteros de la organización

La CGT organiza por su cuenta, sin la participación de las agrupaciones piqueteras, la marcha de este miércoles ante Tribunales para protestar contra la reforma laboral. Así lo revelaron fuentes sindicales luego de la cancelación del encuentro que iban a mantener el cotitular de la CGT Pablo Moyano (Camioneros) con el trotskista Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera.

Según los mismos voceros, los líderes cegetistas aceptarán la presencia de los distintos movimientos sociales en la protesta callejera para impugnar el DNU de Javier Milei, pero no quieren que se sumen a los preparativos como una forma de no romper todos los puentes con el Gobierno. De por sí, el líder de UPCN y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, mantuvo tratativas con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para amortiguar el efecto del plan de ajuste entre los empleados estatales.

La decisión inconsulta de Pablo Moyano de reunirse con un piquetero duro como Belliboni había causado malestar entre sus colegas de la CGT, que ante la consulta de Infobae aclararon que el contacto era “a título personal” y que no significaba ningún aval del resto de la cúpula cegetista.

Los máximos líderes de la CGT apuntan a que la marcha de mañana, en realidad, sea sólo un acto sin movilización callejera y limitado en la cantidad de asistentes: apuntan a concentrar ante el Palacio de Tribunales a unos 10.000 manifestantes que acompañarán la presentación ante la Justicia de un escrito para que se declare la inconstitucionalidad del DNU de Milei. “Queremos que sea un acto simbólico, donde los delegados llevarán solamente banderas argentinas y no de los sindicatos, y no habrá oradores y solamente se leerá un documento”, afirmó un jefe cegetista a Infobae.

La conducción de la CGT, manejada por una alianza dialoguista de “los Gordos” e independientes, mantenía desde hace semanas reuniones reservadas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en las que, según los sindicalistas, les dieron garantías de que la reforma laboral que impulsaban los libertarios iba a ser muy restringida y que no iba a tocar las paritarias ni el modelo sindical.

Esos contactos fueron protagonizados por Francos sin la presencia de Omar Yasín, secretario de Trabajo, porque Milei quería tener con el sindicalismo una negociación amplia a través de uno de sus principales operadores políticos. Sin embargo, la CGT se mostró molesta por el contenido del DNU: “Nada de lo que dijo (Francos) se cumplió”, protestó un jefe sindical ante Infobae.

Apuntó, en particular, contra los límites que impuso la norma oficial a las cuotas solidarias, que son aportes extraordinarios a los gremios por parte de afiliados y no afiliados que son incluidos en los convenios, generalizados desde los años 90 para compensar la desafiliación. En el DNU se establece que ese tipo de cuotas, aportes periódicos o contribuciones podrán hacerse “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. De esa forma, ahora correrá peligro ese recurso de recaudación adicional y obligatorio para los sindicatos, justificado en el principio de solidaridad debido a que los trabajadores no afiliados también se benefician de los logros gestionados por la organización gremial, porque deberá tener el aval “explícito” de los empleados.

Otro punto que irritó a la CGT es el límite que fija el DNU a la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo: en una redacción algo ambigua, la norma firmada por Milei afirma que “una convención colectiva de trabajo cuyo término estuviere vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue”. Y agrega: “El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia sólo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Por eso, en una reunión convocada de urgencia el jueves pasado, la CGT rechazó la reforma laboral y decidió marchar el miércoles 27 hacia el Palacio de Tribunales para acompañar una presentación judicial con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de los cambios impulsados por Milei.

“El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el presidente Javier Milei y secundado por todo su gabinete (sumado algún ex funcionario sin cargo) ha decidido subvertir el orden constitucional al pretender legislar arrogándose la suma del poder público y, al igual que hizo en su discurso de asunción, dar la espalda al Congreso de la Nación”, dijo la CGT en un comunicado.

Además de la marcha, unos 50 dirigentes cegetistas que deliberaron en la UOCRA resolvieron realizar este jueves un Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo, con el fin de analizar la posibilidad de realizar un paro general en rechazo del DNU del gobierno de Milei. La última huelga general de la CGT fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que concretaron contra Mauricio Macri.

En la reunión de la UOCRA, el sector dialoguista logró neutralizar la propuesta del jefe de La Fraternidad, Omar Maturano, de concretar este jueves un paro general de 24 horas. Se descuenta que los sectores más combativos de la CGT plantearán en el Comité Central Confederal la realización de una huelga general en las próximas semanas, pero el ala dialoguista, en realidad, aspira a que de allí surja la posibilidad de que la conducción cegetista sólo quede facultada para decidir la protesta.

En una entrevista con Infobae, Yasín señaló que el DNU es “perfectamente constitucional” y que “no disminuye ningún derecho de ningún trabajador”, al tiempo que calificó la marcha de la CGT como “una decisión que no tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores”. Además, admitió que habla con dirigentes de la CGT y que “todavía puede haber algún tipo de movimiento sobre este tema de la norma para aclarar ciertas cuestiones que que no están claras”.

Cuando se le consultó si podría cambiar el DNU para satisfacer los reclamos sindicales, el secretario de Trabajo dijo: “Hasta donde yo sé, no habrá modificación, pero hay que reglamentarlo y quizás en la reglamentación se aclararán algunas cosas que les dejan dudas a los dirigentes gremiales”.

Ante esa puerta que parecía abrirse a una negociación entre el Gobierno y la CGT, uno de los directivos cegetistas fue contundente: “Eso no alcanza. El DNU es inconstitucional”, insistió ante Infobae.

Como parte de sus contactos con distintos sectores sindicales, Yasín se reunirá esta tarde con la plana mayor de las 62 Organizaciones, liderada por José Ibarra (Federación de Conductores de Taxis), una de las tres fracciones en que está dividido el tradicional brazo político del sindicalismo peronista y el único que cuenta con el reconocimiento de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Este sector de las 62 tiene puntos de contacto con el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, el sindicalista más cercano a Mauricio Macri, pero sus integrantes también aprovecharán el contacto con Yasín para expresarle sus críticas a la reforma laboral y confirmarle que marcharán con la CGT.

Integran las 62 desde sindicatos peronistas como la Federación SUPEH, la Federación de Trabajadores del Gas, la Federación de Químicos y Petroquímicos y la Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio hasta el Sindicato de Educadores Argentinos (Seduca), cercano al PRO.