Cuáles son los gastos que Patricia Bullrich quiere cobrarle al Polo Obrero por el mega operativo antipiquete

El Gobierno define los detalles de “la factura” que les quiere hacer pagar al Polo Obrero y el resto de las organizaciones sociales y políticas que participaron de la marcha de Unidad Piquetera de este miércoles. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instruyó a las cuatro fuerzas federales que determinen los gastos del megaoperativo que se llevó a cabo durante la implementación por primera vez del protocolo de orden público.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, a través de la resolución 949/2023, y establece que la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a evaluar los costos de los operativos que “se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos” -dice el texto en sus fundamentos-, en alusión a la interrupción de corte de calle.

En concreto, la resolución establece en su artículo 2 que se deberán en cuenta los siguientes criterios de ponderación de gastos:

- Las horas/hombre empleadas en cada operativo, que se calcularán según la remuneración por jerarquía de cada uno de los uniformados que participaron.

- El combustible utilizado.

- Los elementos consumidos en los operativos

- Otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo.

Estos gastos, que se tendrá que determinar 24 horas antes de la finalización del operativo, además deja abierta la posibilidad de litigar por “los costos de curación de los efectivos que resultaren heridos, independientemente de las demandas individuales por daño físico y perjuicio moral”.

El controversial protocolo preveía que se pueda “demandar judicialmente a las organizaciones” así como a “las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”. Entre los fundamentos, se señala que la medida tiende a “poner en equilibrio presupuestario a las tareas de policía como a las de policía de prevención, dado que el aumento de la asignación de recursos para una, afecta directa y proporcionalmente a la otra”.

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que “la factura” asciende a los 60 millones de pesos y que son unas 14 organizaciones sociales, entre las que se incluye tanto el Polo Obrero, como la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita. Lo curioso es que las últimas dos agrupaciones -que a diferencia de la izquierda fueron aliadas del Frente de Todos- no participaron de la manifestación del 20 de diciembre.

La decisión se trata de una sanción económica más contra los manifestantes que se movilicen en las calles, a la que se le suma la amenaza de quitar los planes sociales como el Potenciar Trabajo a los beneficiarios se los identifique interrumpiendo el tránsito. El Gobierno ya anunció que pretende avanzar una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” en relación al manejo de planes sociales, a raíz de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales “se podrían relacionar directamente” con esos delitos. Según un informe preliminar hecho por el Ministerio de Seguridad, las acusaciones alcanzan a 32 personas que forman parte de la organización de las cooperativas de trabajo, y se identificaron otras 35 en los cortes de calle.

Según se desprende de la resolución, Patricia Bullrich entiende que se pueden recuperar los gastos “sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas en el ejercicio de sus funciones de intervención ante la comisión de un delito flagrante reprimido en el artículo 194 del Código Penal”. Todas las medidas, sin embargo, tendrán que sortear el test judicial y el escrutinio de organismos internacionales.

“Por supuesto que vamos a ir a la Justicia e inclusive vamos a presentar una denuncia por discriminación. A las movilizaciones de otro tipo no les pasa la factura. Es todo una cosa absurda, ayer había un operativo muy grande atrás del Congreso con policías federales. ¿Y a quién le pasan la factura esa a los manifestantes que estaban en la calle? ¿Hay ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera?”, advirtió a Infobae Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

El protocolo tuvo fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos, sociales y sindicales por limitar el derecho constitucional a la protesta que, por el momento, tuvieron algunos reveses en el ámbito judicial. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto al diputado nacional Néstor Pitrola, firmaron un recurso de hábeas corpus colectivo que fue rechazado por la Cámara del Crimen, firmado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López y Julio Marcelo Lucini.

En la izquierda tienen en claro que la decisión de restringir la protesta es política y apunta, principalmente, contra los partidos y agrupaciones con capacidad de oposición y movilización. “Se ataca a las organizaciones y no a los individuos porque no saben quiénes son. Es una cosa totalmente absurda de toda ilegalidad como viene haciendo la ministra Bullrich. Por eso creemos que tiene que renunciar”, remarcó Belliboni.

En la víspera de otro día de protestas callejeras, Bullrich ratificó hoy que el protocolo antipiquete está activo desde las 4 de la mañana para controlar puntos estratégicos de índole federal como la autopista Panamericana, el Puente Pueyrredón, el Congreso y la Casa Rosada. En paralelo, se oficializó hoy la creación del Comando Unificado Urbano, que articula las acciones de prevención y de seguridad de las fuerzas federales en el ámbito metropolitano con las policías distritales. “La Policía de Buenos Aires tendrá que hacer el trabajo en el ejido urbano”, aclaró Bullrich sobre el control del protocolo antipiquete en el resto de las calles porteñas. Y finalizó: “La Argentina va hacia un país ordenado: la decisión es que haya orden y convivencia, orden y libertad y que se mantenga siempre”.