Irregularidades en el Potenciar Trabajo: Marijuan pidió reforzar los controles en los beneficiarios del programa social

El fiscal federal Guillermo Marijuan, quien investiga las irregularidades de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, el programa más importante del ex Ministerio de Desarrollo Social y actualmente bajo la supervisión de la Secretaría de Niñez y Familia en el Ministerio de Capital Humano, solicitó realizar controles más exhaustivos en los planes sociales. Además, afirmó que las autoridades del Gobierno Nacional mostraron “preocupación” respecto a la investigación que lleva adelante.

En octubre, el funcionario judicial le solicitó a la ex ministra Victoria Tolosa Paz la baja a 159.919 personas que cobran el plan y que salieron del país en cruceros, barcos, aviones, micros y autos y hasta aviones privados “mientras percibían un beneficio estatal”. La investigación, aun en marcha, involucraría a empleados públicos de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo a Marijuan, el Estado destina más de 10 mil millones de pesos mensuales a los beneficiarios del programa que no deberían percibirlo, y afirmó que existe “descontrol en los planes” desde hace 14 años. “Tiene que haber una decisión política inmediata por relanzar un nuevo plan donde se tomen recaudos o reempadronar a todos los que están en el programa, las denuncias tienen que hacerse, pero esa no es la solución”, expresó.

En una entrevista con radio Mitre, Marijuan aseguró que, en los últimos días, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, manifestó su interés en la investigación. “Me llamó. Creo que estaba plenamente de acuerdo con el tema de la necesidad de un control nuevo y más profundo”, detalló.

Además, mencionó que Pettovello le remitió una denuncia que había recibido por correo electrónico, la cual mencionaba planes que no correspondían a ciertos individuos y problemas en la ubicación de residencia de estos. “Me pareció bien porque están preocupados y ocupados con el tema, al menos en esta comunicación que hicieron”, aseguró.

Tal como detalló Infobae, el gobierno de Javier Milei “comenzará desde cero” con las auditorías para establecer si hay beneficiarios que perciben de manera irregular un plan social, especialmente en el programa Potenciar Trabajo, y seguirán de cerca las investigaciones judiciales en trámite sobre el tema. “La decisión de las bajas tiene que ser por parte de quien está a cargo de la cartera que se ocupa de esto”, sostuvo Marijuan.

“Ya hemos puesto en evidencia que más del 20% del padrón de beneficiarios es irregular”, indicó.

En los últimos días, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) envió un oficio con “apercibimiento del incumplimiento de funcionario público” a los gobernadores que hasta ahora no enviaron las bases de datos de sus empleados. Hasta ahora, los cruzamientos realizados con las nóminas de las provincias que sí han respondido, mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), indican la existencia de al menos 4.656 incompatibilidades susceptibles de ser dadas de baja.

“En primer lugar hay que ver si estos empleados públicos provinciales reciben este plan en su recibo de sueldo. Es parte de la investigación que va a tener que hacer cada juez y cada fiscal federal que resulte sorteado por cada una de estas denuncias que vamos a hacer en las próximas horas. También hay que ver si no hay declaraciones juradas por parte de los empleados respecto a cuáles son sus ingresos”, señaló Marijuan.

En este marco, aseguró que en caso de que un empleado público intente falsear una declaración, podría ser sancionado. “Cada 1.000 planes irregulares, son 80 millones de pesos que mensualmente tiene que poner el Estado, que tiene que recaudar de nuestros impuestos, de los ingresos, para poder pagar eso”, comentó.

“Si estamos hablando de 160.000 personas nada más que viajaron al exterior, imagínense lo que es la suma de la cual el Estado tiene que disponer para esta gente todos los meses. Hay gente que ni siquiera estaba en el país, que se han ido, que siguen percibiendo el plan y que están en el exterior”, agregó.

Según Marijuan, Tolosa Paz “no cumplió con la baja que tenía que dar de los planes y se limitó a un número mucho menor”. La integrante del gabinete de Alberto Fernández dio de baja a sólo 1.129 inscriptos en el Potenciar Trabajo por viajar, mientras cobraban el plan, según ella misma reconoció a Alemania, España, Francia, Holanda, Panamá, México, países árabes, Qatar -durante el mundial de fútbol en que Argentina se coronó campeón- y Cuba. También a países limítrofes.

“El Estado no puede en modo alguno verse sobrepasado en sus controles por la presentación de una persona simplemente pidiendo un plan social. Me parece que esto también está relacionado con la infinidad de listas que se han entregado al ex Ministerio de Desarrollo Social con motivo de marchas, protestas que había en el lugar, y que como parte de una negociación, le aceptaban esas listas y cargaban los planes”, sostuvo.

En este contexto, el funcionario judicial sugirió, en consonancia con los avances tecnológicos, que se podría implementar un sólido control utilizando la aplicación MiArgentina. A través de esta herramienta, aquellos que reciban un beneficio podrían ser notificados de la disponibilidad inmediata de su plan social y se podría realizar un control biométrico, es decir, mediante el reconocimiento facial a través del teléfono celular.

Según el fiscal, esto evitaría situaciones como las ocurridas en la provincia de Buenos Aires, tal como ocurrió con el caso de Julio “Chocolate” Rigau. “Se evitaría que millones de tarjetas estuvieran en poder de terceros, porque resultaría imposible que una persona pudiera hacer un control biométrico de algo que no le pertenece”, cerró Marijuan.