En medio de la reorganización de la estructura de funcionamiento del Senado, con legisladores aún sin despacho y salones de toma de decisión “pelados”, Infobae accedió a una resolución del 25 de octubre pasado -tres días después de las elecciones generales- que incorporó, en la planta permanente de la Cámara alta, a 138 agentes del sector transitorio relacionados con el macrismo, los sindicatos, el radicalismo y, más dispersos, del kirchnerismo y bloques entonces aliados al Unión por la Patria.
La resolución 847-2023, firmada por la entonces secretaria administrativa y actual diputada provincial del camporismo, la pampeana María Luz Alonso, está basada en pedidos de senadores del PRO, como los bonaerenses José María Torello -muy cercano al expresidente Mauricio Macri- y Gladys González, cuyos mandatos vencieron con la renovación del 10 de diciembre último.
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En el documento se argumenta, tras la solicitud inicial del ex jefe de bloque del PRO en la Cámara alta, el misionero Humberto Schiavoni -en representación de Torello y González-, en la “cobertura de las vacancias de la planta permanente de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el Honorable Senado de la Nación”.
De hecho, desde Juntos por el Cambio reconocieron a este medio que, ante consultas realizadas en aquella época a Schiavoni sobre la gestación de la normativa y la viabilidad de agregar a agentes propios, el ex senador misionero aseveró que era un acuerdo del oficialismo con los sindicatos y que no tenía ningún margen de acción.
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La resolución de Alonso también incluye los pedidos del secretario General de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero; y de su par de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Congreso, Claudio Britos.
En el texto también se fundamenta que “la ley 24.600 -Estatuto y Escalafón para el personal del Congreso de la Nación- establece dos plantas de revista para los trabajadores legislativos y las trabajadoras legislativas, siendo las mismas la permanente y temporaria”, y que los involucrados “cuentan con la evaluación y la idoneidad requerida por la ley” y “han acreditado los requisitos establecidos” en la normativa en cuestión.
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La resolución además expresa que la Dirección de Administración de Personal informó que los agentes “no presentan impedimentos para el dictado del correspondiente acto administrativo”, y que las Direcciones General de Asuntos Jurídicos, de Administración, y de Recursos Humanos “tomaron la intervención de su competencia”.
A la hora de revisar el documento -anexos con número de legajo, lo que complejiza la búsqueda por nombre- no sólo aparecen las personas reclamadas por el macrismo y los gremios, sino también del radicalismo y del kirchnerismo, entre otros. Incluso, con categoría A-1, la más alta del escalafón.
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Este decreto y otras tantas resoluciones están a la espera de ser revisadas por la flamante secretaria administrativa, María Laura Izzo. Infobae intentó sin éxito comunicarse con la funcionaria para consultarle sobre éste y otros temas, como la obra social del personal legislativo.
Quienes quedarían “salvados” de un potencial escaneo son las decenas de planta permanente decretadas a fines de julio de 2022. Para ese caso, el kirchnerismo buscó darle más de un año de vigencia -antes de la finalización de la gestión- y así evitar un escenario de observación.
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Dentro de ese lote hay situaciones como el personal “político” o de “Gabinete” que aterriza con una gestión y que luego queda incluido en la planta permanente de la Cámara alta. Uno de ellos es el de Carlos Mario Mangiavillano, designado como Director de Legal y Técnica el 1 de febrero de 2020, durante la gestión de Cristina Kirchner. Izzo también podría comprobar que, cerca de su despacho, tiene a personas que revisten la misma situación que Mangiavillano, pero de la gestión de Gabriela Michetti, que pasaron de ahí a planta transitoria y, seguido a ello, a permanente. En algunos casos, tomarán decisiones importantes en el trabajo que tendrá la Cámara alta.
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