Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para crear un fondo de asistencia para las familias de los policías que son asesinados por delincuentes en cumplimiento de sus funciones.
Según su autor, el rosarino Gabriel Chumpitaz (PRO), se ha registrado un aumento en los ataques a agentes uniformados en el marco de la escalada de inseguridad que vive todo el país.
“Para combatir la inseguridad y el narcotráfico necesitamos una policía fuerte. Es fundamental trabajar para devolverle el valor y el respeto que en el pasado tuvo la fuerza en nuestro país. Parte de esta reconstrucción se tiene que hacer a través del cuidado que tenemos hacia nuestros oficiales. Es un cambio cultural que se debe sustentar también en acciones materiales. Cada policía que arriesga su vida merece saber que si lo peor sucede el Estado estará junto a ellos para responder por sus familiares”, explicó Chumpitaz, especialista en seguridad.
El Proyecto de Ley establece que el Fondo será constituido por una partida presupuestaria de afectación específica del Ministerio de Seguridad. A su vez determina que la reparación económica será para familiares ascendientes, descendientes y laterales hasta el cuarto grado de consanguinidad con una suma que se abonará por única vez y será equivalente a tres mil veces un haber jubilatorio mínimo.
En sus fundamentos, pone como ejemplos las muertes de los uniformados Héctor Mendini y Joel Ruiz, ambos en la provincia de Santa Fe. El primero fue asesinado en febrero frente a un boliche cuando integrantes de una presunta banda narco pasaron en auto frente al local bailable y dispararon 37 veces. Por su parte, el oficial Ruiz, de 25 años, fue baleado cuando se llevaba adelante un allanamiento. El delincuente que lo mató finalmente se quitó la vida.
“Hoy la policía está abandonada y tiene miedo de actuar porque sabe que si pasa algo serán ellos los sancionados. Esto se tiene que terminar, los delincuentes tienen que volver a tenerle miedo a las fuerzas de seguridad”, concluyó Chumpitaz.
“La presente ley busca hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados”, dice el texto en sus fundamentos.
El proyecto de ley contó con el acompañamiento de las firmas de los Diputados Nacionales Juan Martín, Carolina Castets, José Núñez, Anibal Tortoriello, Carlos Zapata, Pablo Torello, Marilu Quiroz y Karina Bachey.
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