En una nueva jornada de negociaciones, los equipos técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzaron en los detalles por el traspaso del servicio de colectivos. Aspectos legales, técnicos y económicos fueron los temas a tratar relacionados a la transferencia de las 32 líneas que circulan de manera exclusiva dentro de la CABA.
En continuidad de las conversaciones que comenzaron en febrero del año pasado, la reunión que se produjo en las oficinas del Ministerio de transporte tuvo por objetivo acordar una distribución más equitativa y federal de los recursos al transporte automotor de pasajeros.
De la misma participaron el jefe de gabinete de asesores, Facundo Benegas; el subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte, Carlos Alfredo Vittor; el asesor en el ámbito de la Secretaría de Gestión de Transporte, Sebastián Álvarez; y la asesora en el ámbito de la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional, Cintia Morales. Como representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asistieron la subsecretaria de Planificación de la Movilidad, Lucila Capelli y las asesoras Mariana Parera y Claudia Torres.
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Así vuelve a darse un nuevo capítulo del tema que comenzó en febrero de 2021 cuando se intentaba dar cumplimiento a la ley 26.740, artículo 2 del año 2012, que ratifica la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro; de transporte automotor y de tranvía cuya prestación corresponda a su territorio exclusivamente, y cuyo traspaso no se realizó de forma íntegra.
Sin embargo, el tema conlleva una discusión mucho más amplia, como por ejemplo los alcances de la autonomía de CABA y su financiación. Entre sus argumentos, Alberto Fernández esboza la diferencia de precio entre los boletos de CABA en comparación con otras provincias y sostiene que la Ciudad plantea su autonomía pero a la vez no se autofinancia. Otro de los que criticó esta diferencia en los pasajes fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Esto dio lugar a un nuevo punto de conflicto y tensión con el Ejecutivo porteño, más aún luego de que trascendiera que el Ministerio de Transporte de la Nación pretendía recortar 14.600 millones de pesos en subsidios que se destinan en la actualidad a unas 32 líneas de colectivo.
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Desde las filas del jefe de Gobierno porteño entienden que la decisión del Ministerio de Transporte forma parte de ‘un embate más’ contra la Capital. En Uspallata coinciden en que la quita de subsidios forma parte de una estrategia para esmerilar la imagen de su jefe político en la incipiente carrera hacia el 2023.
Confrontación
Fernández confirmó y redobló así la confrontación con la gestión porteña de Larreta, cuyo secretario de Gobierno, Jorge Macri, calculó que el eventual retiro de subsidios “es una decisión que toma el Gobierno y va a implicar una suba”. Sin los subsidios, estimó, la tarifa subiría al doble o el triple del nivel actual. Y atribuyó la iniciativa oficial a que el gobierno porteño es “de otro palo político”.
El Gobierno nacional sostiene que el gobierno porteño debe controlar, regular y administrar los recursos de las 34 líneas de colectivos “exclusivas de su territorio”, del total de 135 que comparten recorrido entre CABA y el Gran Buenos Aires (GBA), y que ese criterio fue planteado por varios gobernadores e intendentes.
El choque por el subsidio a los colectivos urbanos es otro capítulo del tironeo fiscal entre Nación y CABA, en el que la Ciudad sostiene que ya en 2020 el gobierno nacional redujo la coparticipación porteña de 3,25 a 1,40 %, más una partida para el pago de la transferencia de la policía, que hace un total cercano al 1,75%, contra 25% que aporta CABA a la recaudación nacional.
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