En medio de la avanzada del oficialismo para destituir a la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, reconoció que tiene un “trato amigable” con el titular del tribunal, Horacio Rosatti, y que le “merece todo el respeto”, luego de que se conociera un llamado que ambos sostuvieron para coordinar medidas preventivas en los juzgados federales de la provincia de Santa Fe.
“¿Cómo no voy a tener un diálogo con el Presidente de la Corte?”, declaró Aníbal Fernández sobre las conversaciones que mantuvo con el juez Rosatti. En una entrevista, negó que el proceso destituyente que impulsa Alberto Fernández y el kirchnerismo en la Cámara de Diputados contra el magistrado sea un obstáculo para coordinar acciones. “La otra discusión (el juicio político) se lleva en el lugar que corresponde, con las armas y la legislación que corresponden. ¿Yo qué tengo que ver? El presidente de la Corte me merece todo el respeto”, remarcó el ministro.
Esta semana, el juez Horacio Rosatti se comunicó con el ministro Aníbal Fernández por las amenazas que sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, junto a un grupo de funcionarios de la justicia provincial. En ese intercambio, el Gobierno se comprometió a a intensificar las medidas de seguridad para proteger jueces y fiscales de los juzgados federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
Acerca esa conversación, Aníbal Fernández comentó en el programa “Mañana Silvestre”, por Radio 10, que Rosatti le planteó un tema de preocupación que era “altamente positivo y necesario”, aunque aclaró que desde su cartera “ya habían tomado esa decisión” de reforzar las acciones preventivas para custodiar a los funcionarios federales. El ministro recordó que el jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Carlos Hernández, había visitado en esos días en su despacho al juez Murúa para interiorizarse de la situación.
El transfondo de la amenaza de muerte está vinculado al narcotráfico. El amedrentamiento llegó desde Trelew al celular del senador provincial de Santa Fe Lisandro Enrico, con un mensaje que apuntaba a los jueces Murúa y Arzubi Calvo, a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. Los principales sospechosos son Matías Alvarez y a Mauro Novelino, dos narcos de la zona sur de Santa Fe.
En ese marco, el ministro de Seguridad reveló detalles sobre la comunicación teléfonica con el jurista del máximo tribunal. “Nos conocemos (con Rosatti), fuimos compañeros de Gabinete. Tenemos un trato amigable”, dijo Aníbal Fernández sobre el vínculo político compartido durante la gestión de Néstor Kirchner. En aquellos años de mandato, Rosatti fue ministro de Justicia y Derechos Humanos hasta 2005, mientras que Aníbal Fernández ejerció como titular de la cartera de Interior.
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“El Presidente de la Corte me reconoció que había hablado con el juez federal de Venado Tuerto y que sabía que ya estaba (al tanto) el jefe de la Policía Federal. Acordamos cómo iba a ser el tema que a él le importaba y que yo ya tenía en carpeta para resolver”, subrayó Aníbal Fernández.
Las declaraciones del ministro de Seguridad se producen en medio del fuerte enfrentamiento del Gobierno nacional contra los cuatro jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En la Cámara baja, el Frente de Todos logró aprobar la admisibilidad de los expedientes, al reunir más de 60 acusaciones para investigar y avanzar en la destitución del máximo tribunal por razones de mal desempeño y presunta comisión de delitos.
En esa disputa, la situación del narcotráfico en Santa Fe fue un argumento más para la ofensiva contra la Corte Suprema. El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, responsabilizó a la cabeza del Poder Judicial por el avance de la narcocriminalidad en Rosario ya que “la parálisis del Consejo de la Magistratura”, que está encabezado por Horacio Rosatti, “significa menos jueces para la provincia, o sea menor capacidad de poder combatir al delito”.
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