Juntos por el Cambio envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos para repudiar el documento que presentó el Gobierno durante el encuentro que se realizó en Ginebra, en la cuarta edición del Examen Periódico Universal (EPU). Allí, el oficialismo aseguró que jueces y fiscales llevan adelante “procesos penales fraudulentos” para lograr “la proscripción de figuras centrales” del oficialismo, como Cristina Kirchner. “Tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria”, expresaron los referentes opositores en la misiva.
En el informe redactado por la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla, y que contó con el apoyo técnico de la Cancillería que lidera el ministro Santiago Cafiero, denunciaron “lawfare y la pérdida de legitimidad del Poder Judicial en nuestro país como uno de los principales obstáculos que tiene Argentina para poder garantizar la vigencia de los derechos humanos”.
“Ante estas insólitas críticas a la Justicia argentina, a los sectores económicos, a la oposición democrática, a los medios, a la existencia de una supuesta lawfare, a la toma de deuda externa argentina y a la mención de una detención arbitraria de la condenada señora Milagro Sala, ponemos en su conocimiento lo siguiente: este informe y declaraciones efectuadas por el secretario de Derechos Humanos de nuestro país tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia, no sólo con la condena a la actual Vicepresidenta, Cristina Kirchner, por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecen en prisión con condenas firmes”, expresó Juntos por el Cambio en la carta.
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Además, aclararon que “es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Estas son las principales razones por las cuales el gobierno nacional está tratando de realizar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a cabo una reforma estructural de la justicia para lograr su impunidad”, agregaron.
En otro de los temas que cuestionaron, los referentes opositores se refirieron a la deuda que se contrajo durante el gobierno de Mauricio Macri: “Dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”.
“Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta lawfare utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior administración de gobierno”, insistieron.
Por último, denunciaron que el Gobierno busca “justiciar ante la comunidad internacional la embestida contra de la justicia independiente”, “silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libre expresión” y alertaron por la políticas económicas que durante el 2022 se acercó al 100%.
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