Silvio Robles denunció que el gobernador Gerardo Zamora tuvo acceso indebido al expediente y se debe definir si el caso pasa a Comodoro Py 2002

Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que fue denunciado por los supuestos chats con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en uso de licencia, se presentó ante la justicia federal de Santiago del Estero. Lo hizo tras la apertura de una denuncia penal en su contra a pedido del gobernador Gerardo Zamora. Precisamente, en ese escrito, el funcionario de la Corte Suprema denunció que el juez Guillermo Molinari decidió darle acceso indebido al expediente al mandatario provincial, quien después tuiteó sobre información “tergiversada” sobre el curso del proceso.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes del caso. A través de un escrito que lleva la firma de su abogado, Robles reclamó que se deje sin efecto una “gravísima irregularidad” de procedimiento ocurrida en la causa, que consistió en que el juez Molinari le dio “al Sr. Gobernador de la Provincia, Gerardo Zamora”, tal como consta en el expediente, acceso al sistema informático Lex 100. El detalle es que ser un denunciante no lo convierte en parte del proceso.

Con la habilitación que dispuso el magistrado federal, que es pariente de la esposa de Zamora, el gobernador santiagueño accedió “irregularmente por medio de su abogado al trámite del expediente”. Luego el mandatario provincial tuiteó información del expediente, haciendo pública la presentación de un abogado de Robles para conocer el expediente, e informando “falsamente una negativa a entregar el aparato celular requerido”, afirma la presentación.

La presentación de Robles asegura que el artículo 204 del Código Procesal sostiene que “el sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos” y subraya que “el sumario será siempre secreto para los extraños”.

A criterio de Robles, el juzgado y el gobernador podrían haber incurrido en violación de la obligación de secreto, que fija hasta dos años de prisión al “funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”. Incluso en sus mensajes en redes sociales, Zamora publicó hojas del expediente que mostraban el número de teléfono de Robles.

Todo comenzó el pasado lunes, cuando Zamora denunció al vocero de Rosatti en la justicia de Santiago del Estero. Al opinar, el fiscal Pedro Eugenio Simón sostuvo que los tribunales provinciales no tenían competencia territorial para actuar. “Entiendo declarar la incompetencia de este Juzgado Federal de sección y girar las actuaciones por la envergadura de los hechos denunciados al Juzgado Federal de CABA en turno”, escribió en un dictamen al que accedió Infobae, en donde no obstante propuso como medida cautelar intimar a Robles a la entrega de su teléfono.

El juez Molinari decidió avanzar y se conoció una orden hacia la Policía Federal de Santiago del Estero para ir a la casa de Robles, en la ciudad de Buenos Aires. En la Justicia de Comodoro Py no se había recibido ningún pedido, vía exhorto, para evaluar si eventualmente correspondía dar curso a esa medida en territorio porteño, señalaron a Infobae las fuentes consultadas.

La decisión de Zamora de denunciar a Robles se dio en medio de la fuerte pelea que mantienen la Casa Rosada y algunos gobernadores con la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. En ese contexto, se conocieron chats de Robles con D’Alessandro en los que estos compartían información sensible sobre esa cuestión y sobre la polémica en torno a la conformación del Consejo de la Magistratura.

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