El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció ante la Corte Suprema el incumplimiento del fallo sobre la coparticipación pese al anuncio del presidente Alberto Fernández, que esta mañana dijo que acatará la resolución aunque propondrá pagar la deuda con bonos. “El fallo se está incumpliendo más allá de lo que se diga, seguimos con los pasos previstos”, confirmó a Infobae una fuente del Gabinete porteño pasado el mediodía.
La presentación ante el Máximo Tribunal, a cargo de la Procuración de la Ciudad, reclama que “se arbitren las medidas necesarias” para el cumplimiento del fallo. “La transferencia efectuada a la Ciudad de Buenos Aires (los días 22 y 23 de diciembre) ha continuado siendo del 1,40% y no del 2,95% dispuesto en la sentencia”, agrega.
Durante la mañana hubo varias reuniones en la sede porteña de la calle Uspallata encabezadas por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En medio de esos debates internos, los funcionarios porteños se enteraron del anuncio del Presidente a través de las redes sociales. Los representantes del área jurídica, encabezados por el procurador de la Ciudad Gabriel Astarloa y el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro, recomendaron mantener la estrategia jurídica delineada durante el fin de semana.
El primer paso es denunciar el incumplimiento ante la Corte Suprema porque, según entienden en la Ciudad, el Gobierno nacional lleva dos días de incumplimiento de la orden judicial, notificada el miércoles pasado.
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La posibilidad de hacer una denuncia penal contra el Presidente, el ministro de Economía Sergio Massa, y los funcionarios que integran el directorio del Banco Nación en principio sigue su curso aunque ese presentación todavía se está redactando.
En los hechos, ya hay varias denuncias penales que quedaron acumuladas en el juzgado federal 6, ocupado de manera interina por Daniel Rafecas.
El juez ya delegó la causa en el fiscal Ramiro González, que podría investigar de manera provisoria hasta que se defina la pelea política entre la Nación y la Ciudad.
El conflicto por la coparticipación comenzó hace dos años, luego de que la Nación redujera la masa de recursos de coparticipación que le gira a la CABA de 3,5% a 2,32%, en primera instancia y luego a 1,4%. El recorte a la ciudad de Buenos Aires fue dispuesto por Alberto Fernández el 9 de septiembre de 2020 en medio de un conflicto salarial de la policía bonaerense y, además de los perjuicios económicos para los porteños, derivó en una ruptura de la relación del Presidente y el jefe de Gobierno.
Rodríguez Larreta se presentó en la Corte Suprema e inició un recurso de amparo para frenar el decreto presidencial. Y el miércoles pasado, con una medida cautelar, el máximo tribunal resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.
El Presidente anunció el jueves que no iba a acatar la sentencia y abrió un conflicto institucional. Al día siguiente, en conferencia de prensa, el jefe de Gobierno lo acusó de querer “quebrar el orden constitucional”. “Es un ataque específico contra los millones de argentinos que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y contra los muchos millones más que todos los días la visitan, que vienen a estudiar, a trabajar, a atenderse en los hospitales”, agregó.
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Este mediodía, cuando ya acumulaban media docena de denuncias penales en su contra, Alberto Fernández dio marcha atrás y anunció que pagará en bonos TX31, lo que motivó nuevas reuniones en la sede de Uspallata para definir una respuesta política. En principio, la Ciudad no está dispuesta a resignar la posibilidad de cobrar en efectivo.
El fallo de la Corte prevé el pago de unos 600 millones de pesos extra por día.
Los TX31 son bonos del Tesoro en pesos que pagan 2,5% por sobre el ajuste del índice CER. Son títulos que nunca fueron licitados y fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Santa Fe en otra demanda promovida ante la Corte Suprema.
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