El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no tiene intenciones de avalar el pedido de asilo presentado por la Cancillería de Argentina a favor de María Ángeles Duarte Pesantes, condenada a ocho años de prisión por haber cobrado sobornos cuando era ministra de Transporte y Obras Públicas durante el mandato de Rafael Correa.
Duarte Pesantes se encuentra en la embajada de argentina en Quito desde agosto de 2020, tras probarse su participación directa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó Correa y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.
Una asesora de Correa -llamada Pamela Martínez- llevaba un cuaderno de contabilidad que registraba los aportes ilegales de empresas privadas al aparato político del expresidente. Entre esas compañías se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, que enfrentó casos de corrupción en toda América Latina.
Correa fue condenado en esta causa y se fugó al exterior, mientras que Duarte Pesantes eligió entrar a la embajada de Argentina y solicitar asilo al gobierno de Alberto Fernández. La exministra de Correa está en la residencia diplomática sólo para escapar de la sentencia de prisión que dictó la justicia de Ecuador.
Argentina y Ecuador adhirieron a la Convención sobre Asilo Diplomático que entró en vigencia el 29 de diciembre de 1954. En este marco, la Cancillería solicitó asilo a favor de Duarte y pidió una reunión de técnicos de ambos países para resolver los tiempos y la forma que permitirían a la exministra abandonar la embajada de Argentina en Quito y volar a Buenos Aires.
El Ministerio de Relaciones Exteriores pretende que el cónclave jurídico se realice el próximo 12 de diciembre, una hipótesis de trabajo que aún no fue respondida oficialmente por la cancillería ecuatoriana. Guillermo Lasso -presidente de Ecuador- no tiene apuro para resolver una encrucijada diplomática que puede impactar con muchísima violencia política en su agenda doméstica.
Si Lasso concede el asilo a la exministra sentenciada por corrupción, no tendría otra alternativa que hacer lo mismo con Rafael Correa, que está prófugo tras su condena por haber recibido sobornos de compañías privadas.
Bélgica concedió asilo a Correa en abril de este año y Ecuador exigió su extradición sin resultado positivo. El expresidente de Ecuador recorre América Latina como si fuera un funcionario inocente, y hace unos días se encontró con Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del Senado.
En la Cancillería no sorprende la posición política del gobierno ecuatoriano. En abril de este año, Lasso visitó Buenos Aires y ratificó su posición institucional ante Alberto Fernández. Ocurrió durante una conversación a solas que ambos mandatarios protagonizaron en la Casa Rosada.
“Hablamos de manera general, no específica ni profundizando porque María de los Ángeles Duarte está sentenciada por un acto de corrupción en el Ecuador, y obviamente es el estatus legal de ella en el país. Eso lo sabe el presidente Fernández y obviamente, las decisiones que tome Argentina respecto de este caso nosotros las respetaremos. Pero en Ecuador ella está sentenciada por corrupción. Por lo tanto es un tema judicialmente definido”, sostuvo Lasso durante una entrevista periodística.
La Cancillería considera que ya cumplió todos los pasos para lograr que Duarte abandone Quito y obtenga su estatus de asilada en Argentina, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador sostuvo - a través de una comunicado oficial- que “las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”.
Es decir: el gobierno considera que Duarte es una presa política y merece su asilo en la Argentina, una posición institucional que es rechazada por Ecuador. Para la administración Lasso, la exministra de Correa es una delincuente común que busca fugar de la justicia de su país apelando a un tratado internacional que no la protegería por los hechos de corrupción cometidos.
La sentencia por este caso de corrupción política se conoció el 7 abril de 2020. El Tribunal de la Corte Nacional sentenció a “8 años de pena privativa de libertad a dieciocho procesados, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente; Alexis Mera, exasesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla y el exasambleísta Christian Viteri”.
Aunque los implicados apelaron ante el Tribunal de Casación, la sentencia quedó confirmada el 7 de septiembre de 2020. Y dos semanas antes de este fallo definitivo, Duarte ya había ingresado a la Embajada de Argentina. Fue por recomendación de Correa, que estaba prófugo en Bélgica.
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