En el cuarto piso del palacio de Tribunales, tres de los cuatro miembros actuales de la Corte Suprema se reunieron hoy para analizar el artículo que el oficialismo incluyó ayer, sorpresivamente, en la nueva ley de Presupuesto, que busca obligar a todos los jueces a pagar el impuesto a las Ganancias, un gravamen del cual la mayoría están eximidos.
El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los magistrados Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda se reunieron esta mañana, durante aproximadamente una hora, ante la noticia de que el Gobierno impulsaba que todos los jueces paguen Ganancias a partir de la sanción del presupuesto 2023. Lorenzetti, el cuarto miembro, no estaba presente.
La Corte se reunió para analizar la situación, y decidió responder en el corto plazo al Gobierno por la medida, que considera inconstitucional. El documento todavía no trascendió, y no se sabe cuándo se dará a conocer. Fuentes judiciales indicaron que “no es inminente”, pero ante una consulta sobre si el máximo tribunal esperaría a que se sancione la ley, la respuesta fue negativa. La ley obtuvo dictamen de comisión ayer, y está previsto que se trate en el recinto el martes de la semana que viene. Por lo cual, el documento, en principio, sería emitido antes de ese día.
El intento del oficialismo de obligar a los jueces a pagar Ganancias genera, desde ayer, fuerte rechazo en la esfera judicial. Hoy, distintas agrupaciones del sector, así como el sindicato de empleados judiciales, salieron a replicar la iniciativa que fue aprobada ayer en comisión en la Cámara de Diputados. Se declararon en estado de alerta y convocaron, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, a una reunión extraordinaria para tratar el tema.
“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”, sostuvo la entidad a través de un comunicado antes de la reunión. Allí también señaló que la entidad está “en sesión permanente, conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento” y que el salario no es ganancia ni un privilegio”.
Las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios -y que esta semana se enfrentaron en las elecciones para el Consejo de la Magistratura- también salieron a rechazar sin diferencias el proyecto. Lo mismo hizo Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
Desde el Frente de Todos sostienen que la recaudación proyectada para el año que viene es insuficiente para satisfacer las nuevas partidas que se incorporaron para paliar la crisis. Aseguran que, si todos los jueces pagaran Ganancias, ese ingreso al Estado serviría para financiar la nueva distribución de fondos.
Ayer, durante el debate en Diputados, desde el Frente de Todos explicaron el motivo por el que se busca eliminar la eximición de la que gozan los jueces: “Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, dijo Marcelo Casaretto.
El Gobierno alega que el costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces es de $237.850 millones para 2023. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, sostuvo el diputado Itaí Hagman, del Frente Patria Grande.
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