El Gobierno presentó una demanda para anular los contratos de concesión de los peajes que operan en el acceso Norte

El Gobierno presentó una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal para anular el decreto del año 2018 y el acuerdo de renegociación con Autopistas del Sol S.A (AUSOL), que opera en el acceso Norte. El accionar judicial había sido anunciado el mes pasado en una conferencia de prensa por el presidente Alberto Fernández, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. En ese entonces había denunciado que esos acuerdos eran “distorsivos”, por lo que “generaron daño económico al Estado y a los usuarios”.

“Esta acción tiene como objetivo que se declare nulo el Acuerdo Integral de Renegociación que establecía, entre otros, una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años. Además, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte perjudicando a los argentinos y argentinas”, detallaron este martes en un comunicado.

Además, aclararon que próximamente se interpondrá la “respectiva acción de lesividad que permita modificar el Acuerdo Integral de Renegociación celebrado con el Grupo Concesionario del Oeste S.A. (GCO)”.

Según explicaron desde el Gobierno, en el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con la gestión de Mauricio Macri acuerdos que “comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.)”.

En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. “Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387″, agregaron.

Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria.

“Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas, generando subas mucho mayores. A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los USD 2.000.000.000″, aseguraron.

Y agregaron: “Además de esos ingresos esperados, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. En este sentido, en los acuerdos celebrados en 2018 se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las concesionarias”.

Según explicaron, todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa que hoy pagan los usuarios y usuarias, sino con un fondo público que por los acuerdos de 2018 paso a manos de ambas Concesionarias. De esta manera, “la tarifa pretendida por AUSOL y GCO en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario”, concluyeron.

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