Causa Vialidad: el Colegio de Abogados porteño llamó a “respetar la división de poderes” y a “desalentar cualquier intento de presión”

Luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner, diversos funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo reaccionaron en defensa de la vicepresidenta. Y a su vez, distintas asociaciones del ámbito judicial emitieron comunicados apoyando a fiscales y jueces. Así, en las últimas horas se sumó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que instó a “respetar la división de poderes” y a “desalentar cualquier acción ciudadana que intente presionar a los miembros del Poder Judicial”.

“En los últimos días miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional, entre otros funcionarios y hasta algún magistrado, han hecho declaraciones públicas criticando en duros términos la labor de los Fiscales y Jueces que intervienen en el juicio oral seguido contra la actual Vicepresidenta de la Nación y diversos ex funcionarios de su gobierno en la causa por hechos de corrupción conocida como Vialidad”, comenzó el escrito del Colegio, contextualizando sus consideraciones.

“Estas declaraciones, algunas de ellas rayanas con los delitos de amenazas e instigación a cometer delitos, afectan profundamente las instituciones de la República, alimentan sentimientos violentos y constituyen claras intromisiones al ámbito reservado al Poder Judicial de la Nación. Preservar la independencia del sistema judicial, integrado por los jueces, fiscales y defensores, es un deber impuesto a los miembros de los poderes del Estado (incluido el propio Poder Judicial y el ministerio Público) y esa preservación incumbe también a toda la ciudadanía”, manifestaron en el comunicado firmado por el Directorio de la entidad.

“Frente a este panorama, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires hace un llamamiento a todos a respetar la división de poderes que la Constitución Nacional establece, dándole a los diversos órganos judiciales el espacio y lugar apropiados para que desarrollen su trabajo con profesionalismo y objetividad”, remarcaron.

Asimismo, consideraron que “el proceso penal dará ahora la oportunidad a los abogados defensores a rebatir aquellas acusaciones” y pidieron “desalentar cualquier acción ciudadana que intente presionar a los miembros del Poder Judicial, más aún cuando se emplean amenazas o acciones violentas”.

“El Colegio de Abogados reafirma que en un sistema republicano que respete la división de poderes, los Jueces tienen la última palabra sobre la inocencia o culpabilidad de los imputados, a la luz de lo que disponga la ley. Este principio aplica a todos los ciudadanos, cualquiera sea el lugar que ocupen: todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y nadie está por encima de ella. Por ello y de una vez y para siempre, los principios referidos junto con la libre expresión de opiniones e ideas y la independencia del Poder Judicial deben hacerse carne en todos los argentinos para lograr a su amparo afianzar la justicia”, concluyeron.

En los últimos días, la Asociación de Fiscales y la de Magistrados y Funcionarios se habían pronunciado en la misma dirección, fundamentalmente “preocupados por las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de la Nación”. Sucede que, apenas finalizó la exposición de Luciani el lunes pasado, Alberto Fernández había publicado en Twitter: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Kirchner”.

A su vez, el posteo del Presidente fue la introducción a un comunicado oficial de Presidencia, que rezaba: “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”.

Además, en uno de sus párrafos, desde Presidencia afirmaron que “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado” y señalaron que “toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.

SEGUIR LEYENDO