El fiscal federal Diego Luciani inició hoy la sexta audiencia de sus alegatos en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez y analizó lo que entendió que fueron los incumplimientos de Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en el envío de la información al Congreso Nacional sobre esas obras.
El fiscal explicó que cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio oral dijo que todo lo vinculado a la obra pública era responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo porque era el encargado de aprobar los presupuestos que contenían esas obras. La ex presidenta agregó que si había una asociación ilícita tenía que hacerse extensiva a los legisladores.
“El encargado de elaborar los proyectos de presupuesto y el encargado de controlar su ejecución es el Poder Ejecutivo. Ahí aparece la primer falacia porque el que fija las metas del presupuesto es el Poder Ejecutivo”, dijo Luciani y agregó: “Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”.
El fiscal puso como ejemplo que en 2020, con Cristina Kichner como titular del Senado, la Cámara alta devolvió el presupuesto para ese año porque las planillas de las obras públicas no contenía el monto total y porque no estaban incluidas todas las obras. “Esta rigurosidad que tuvo Cristina Kirchner en el Senado nos muestra el conocimiento real que tenia de esas planillas, lo que no hizo cuando era Presidenta con las obras que ganó Báez”, sostuvo.
Luciani también señaló que la ley de obras públicas establece que para licitar obras con fondos del tesoro nacional tienen que estar en las leyes de presupuesto nacional porque sino no pueden ser autorizadas. Y explicó que en los presupuestos nacionales de 2004 a 2015 se omitió incorporar 17 de las 51 obras publicas que ganaron las empresas de Báez, el 30% de ellas. “Eso colisionó de frente con las leyes que exigen que para cada obra publica debe existir crédito legal”, señaló y dijo que las otras 34 obras tenían severas inconsistencias de información.
El fiscal analizó una serie de informes de distintos organismos, entre ellos la Auditoría General de la Nación, que marcaban irregularidades en las obras públicas. “Cristina Kirchner hizo caso omiso a las advertencias de los controles”, señaló.
Esta fue la sexta audiencia de alegatos de los fiscales Luciani y Sergio Mola que comenzaron el lunes de la semana pasada. La audiencia empezó con una nueva recusación que la defensa de Cristina Kichner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó contra el tribunal. Ya había recusado al fiscal Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu y hoy lo hizo sobre el magistrado Jorge Gorini.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de 2003 a 2015. Son 13 los acusados. Además de Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
La Fiscalía tiene nueve audiencias de alegatos. La última será el lunes 22 de agosto. Luego será el turno de los alegatos de cada defensa, que tendrán tres audiencias. Comenzará la de Báez y la de Cristina Kirchner será la sexta. La expectativa es que antes de fin de año el Tribunal Oral Federal 2 de a conocer si veredicto.
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