El kirchnerismo abrió un nuevo capítulo en su pelea con la Corte Suprema de Justicia. Mientras se espera que se debata en el recinto el proyecto de ley que amplía el número de miembros del Máximo Tribunal, ayer avanzó en otra línea.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado le solicitó al máximo tribunal que entregue información sobre la obra social del Poder Judicial de la Nación, donde existe una denuncia por presunta corrupción.
El pedido de información fue realizado por los senadores Silvia Sapag y Oscar Parrilli y obtuvo un rápido dictamen, lo que lo habilita a ser llevado al recinto y aprobado.
En el pedido se solicita que se indique “si se tomaron medidas o si se inició un sumario administrativo ante el hecho de que la justicia se encuentra investigando presuntas irregularidades en el manejo de la obra social que involucrarían al ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda”. Además se pidió una copia de la auditoría realizada sobre la obra social por la propia Corte.
El proyecto de comunicación busca que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, informe sobre una causa que está radicada en el juzgado del juez federal Ariel Lijo en donde se investigan las presuntas irregularidades.
La denuncia, que tramita en el juzgado de Lijo y está caratulada como “Tonón, Aldo y otros s/abuso de autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Publico (art 248) y malversación de caudales públicos (art. 261)”, fue realizada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Las irregularidades que se denuncian son desvío de fondos, contrataciones irregulares, y atención VIP para algunos afiliados. El juez Maqueda está apuntado por haber sido quien designó a Tonón como director de la obra social.
A partir de esto, se le pide puntualmente al titular del Máximo Tribunal que envíe al Senado un informe de auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la Obra Social y, en el caso de que existiera, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Además, piden que se informe en qué momento estuvo al frente Aldo Tonón de la Obra Social, y si el mismo fue propuesto por el juez Juan Carlos Maqueda, como señala en la denuncia penal. También requirió el listado de las empresas prestatarias de los servicios.
Sin la presencia de los senadores de Juntos por el Cambio, que siguen manteniendo la estrategia de no participar de las comisiones, la primera en tomar la palabra fue la senadora Sapag, co autora del proyecto de comunicación.
“No puede ser que un ministro de la Corte que esté en tela de juicio, tenga protección del resto de los miembros de la Corte. Es el único poder que una vez elegido es vitalicio y no tiene controles y nosotros tenemos que llegar a esto para poder conocer alguna novedad sobre los delitos que se están cometiendo”, aseguró.
Luego tomó la palabra el senador Parrilli, coautor del proyecto y presidente de la Comisión, quien además de apuntar contra los senadores opositores, aseguró: “Simplemente estamos haciendo un pedido de informe porque nos parece gravísimo que ciudadanos que tienen en sus manos la vida, los bienes y la libertad de 47 millones de argentinos estén siendo investigados por la comisión de delitos penales comunes, como son los casos del juez Maqueda y del juez Rosatti”. “Esperamos que la Corte nos responda una vez que esto sea llevado al recinto y sancionado como corresponde”, concluyó.
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