La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió informes sobre el caso Milagro Sala

La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió en las últimas horas informes al Estado argentino sobre el estado de salud de Milagro Sala. Es que ese tribunal internacional había ordenado en 2017 proteger la integridad física y psíquica de la dirigente de la Tupac Amaru, que en ese momento estaba en prisión, e instado a otorgarle arresto domiciliario cuando aún no pesaba en su contra ninguna condena.

A raíz de las noticias que indicaron que Milagro Sala fue internada en una clínica jujeña con un cuadro de cuadro de trombosis venosa profunda y que generaron además la visita del presidente Alberto Fernández al sanatorio, la CIDH -en el marco de aquella resolución de 2017- le dio plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio próximo para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigente social, según el documento al que accedió Infobae.

Al conocer la decisión de la CIDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación insistió en apuntar al gobierno de Gerardo Morales: en un comunicado sostuvo que “las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

La referente de la Tupac Amaru está detenida desde el 16 de enero de 2016 por distintas causas en la que está acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, entre otros cargos. Solo en un expediente tiene condena firme, en otros las sentencias fueron apeladas y en otros a la espera de juicio. La causa más grave en su contra se llama “Pibes Villeros”, que incluyó una condena a trece años de prisión. Está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia.

En ese contexto, el Ministerio Público de Jujuy viene pidiendo que Sala deje el arresto domiciliario y cumpla sus sentencias en cárcel común. Esta semana, la dirigente iba a ser sometida a una junta médica en el Departamento Médico del Poder Judicial donde iba a ser evaluada para ver si volvía a cumplir prisión en cárcel común. Quedó suspendido porque fue internada de urgencia con un cuadro de trombosis venosa.

A raíz de ello, Amnistía Internacional, Andhes y CELS le solicitaron al tribunal con asiento en la ciudad de San José, Costa Rica, que “reitere la orden de protección dictada a favor de ella desde el año 2017″ y denunciaron que “el escenario de persecución y hostigamiento de parte del Poder Ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persistió con consecuencias significativas en su salud e integridad física y psíquica”.

En su presentación, agregaron que “este nuevo episodio de salud de Milagro Sala vuelve a evidenciar el contexto de hostigamiento y persecución que sufre”. También se aseguró que desde el juzgado de Jujuy se habrían demorado estudios médicos “porque consideraron que podría tratarse de una maniobra dilatoria de la defensa en el marco de un proceso judicial” y “esta grave decisión inicial desprotegió la vida de Milagro Sala”.

En ese contexto, el secretario Pablo Saavedra Alessandri le comunicó a los miembros del tribunal los mails recibidos en donde se denunciaban estos nuevos hechos “Al respecto, con instrucciones del Presidente, y de conformidad con el punto resolutivo tercero de la Resolución de la Corte Interamericana de 23 de noviembre de 2017, se concede al Estado de Argentina un plazo hasta el 13 de julio de 2022 para que remita las observaciones a la información remitida por los representantes, en relación con la situación actual de la persona beneficiaria”.

La misiva fue dirigida a Alberto Javier Salgado, Director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos; Andrea Viviana Pochak, Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos; y Rodrigo Albano Robles Tristán, asesor Legal de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos.

En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación insistió en un comunicado en que “las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

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