En medio de un profundo hermetismo, la Justicia avanza sobre la red de empresas que se esconde detrás del avión de Emtrasur que aterrizó en Buenos Aires el 6 de junio con 47.882 kilos de autopartes. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, hay al menos siete firmas, de diferentes países, bajo la mira. Hasta ahora, solo declararon un representante de SAS Automotriz, el importador que encargó el traslado desde México, y la despachante de Aduana que figura en la documentación. No aportaron nada nuevo para la causa. En las próximas horas deberá presentarse ante el juez Federico Villena un responsable de Fracht, la empresa de logística que se encargó de la operación. Hasta ahora, esa firma se desligó de la contratación de Emtrasur y apuntó a una empresa mexicana.
Según la documentación aportada por la Aduana, el cargamento, registrado mediante guía aérea madre 308-00119862, consistía en 312 bultos y un total de 47.882 kilos. Gran parte de esa carga, unos 40 mil kilos, salió del aeropuerto en tres etapas entre el martes 7 y el miércoles 8. Pero hay un remanente, unos 7860 kilos, retenido en un hangar de TCA, la terminal de cargas del aeropuerto, tal como reveló Infobae.
Entre las empresas involucradas se destaca SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht que, a su vez, decidió echarle la culpa a Aerocharter México.
También está bajo investigación la firma Blue Wings, una firma local encargada de realizar los trámites para Emtrasur. Y otra firma española, Alcux Air Spain, que habría contratado el vuelo por USD 600 mil.
“Son al menos siete firmas encadenadas”, dijo una fuente de la investigación.
La causa judicial sigue bajo secreto de sumario. La filtración del teléfono del piloto Gholamreza Ghasemi, donde se encontraron fotos de tanques, misiles y de una bandera repudiando a Israel, provocó que la información sobre todos los aparatos quede bajo mayor resguardo.
El material está bajo análisis de algunos empleados de juzgado y del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal. La Policía de la Ciudad solo intervino en la primera etapa del proceso, cuando se realizó una copia forense de todos los aparatos.
Mediante el programa UFED, de la empresa Cellebrite, de origen Israelí, se revisan diferentes carpetas donde figuran “videos”, “fotos” y “mensajes”. Es un trabajo hormiga, porque todavía no se designó a un traductor de farsí.
En las últimas horas, la PFA sumó otro informe preliminar a partir del análisis del contenido de los teléfonos, las tablets y las notebooks secuestradas. Los detalles se conocieron ayer a la tarde en un reunión a puertas cerradas. Participaron representantes del juzgado, la Fiscalía y la DAIA. “No se mostraron las fotos, solo hubo una explicación del trabajo que se está haciendo”, dijo uno de los presentes.
En las próximas horas, la querella de la DAIA responderá el último requerimiento de la fiscal Cecilia Incardona y pedirá que se mantengan las medidas cautelares. Esto es, la prohibición de salida del país de los 19 tripulantes, que sigan bajo control de la Justicia, y que se mantenga retenido el avión en Ezeiza. “Vamos a pedir nuevas medidas pruebas. Por el momento no hay elementos para pedir la detención de los tripulantes”, dijo a este medio la nueva abogada designada por la DAIA, Marta Nercellas.
En tanto, los diputados Ricardo López Murphy y Gerardo Milman, junto al legislador Franco Rinaldi, se presentaron ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para pedir que ese organismo anti lavado “ordene el congelamiento administrativo de fondos y activos” de todos los tripulantes. “El avión de origen iraní, que deambuló por 48 horas sin inspecciones o requisas exhaustivas, que vino al país con la excusa de una operación comercial de importación de autopartes generan fundadas sospechas de actividad destinada a financiar terrorismo”, dice esa presentación. Y agrega: “La gravedad de lo acontecido se vincula principalmente a que estas aerolíneas iraníes, Mahan Air, o a su filial Qeshm Fars Air, operan para el Cuerpo de las Guardia Revolucionaria Islámicas de Irán, y en particular para la Fuerza Quds, ambas sancionadas por EE.UU. como organizaciones terroristas y están vinculadas con el apoyo material a la organización terrorista Hezbollah”.
Todavía hay muchas dudas sobre la titularidad del avión. “Hay información cruzada sobre el verdadero dueño”, dicen por estas horas en la Justicia federal.
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