El ministro de Justicia, Martín Soria, expuso hoy ante las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales para defender el proyecto del oficialismo para reformar el Consejo de la Magistratura. Con duras críticas a la Corte Suprema, el funcionario llamó a frenar su “intromisión” en el organismo.
El proyecto que viene con media sanción del Senado propone que la integración del Consejo pase de 13 a 17 miembros sumando un juez, dos abogados y un académico. De esta manera quedaría compuesto por cuatro jueces de diferentes zonas del país, cuatro abogados, dos académicos, un representante del Ejecutivo y seis del Poder Legislativo.
El punto principal de la discusión entre oficialismo y oposición es el rol que tienen que tener los magistrados de la Corte Suprema en el organismo. El Frente de Todos busca excluir al presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, de la conducción del Consejo.
“Hoy estamos aquí para sancionar una ley que restablezca el normal funcionamiento de un órgano fundamental de la Constitución Nacional, como lo es el Consejo de la Magistratura”, dijo Soria al inicio del debate.
En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición de 13 miembros del Consejo -implementada con la reforma de 2006- y fijó un plazo de 120 días para que el Congreso sancione una nueva ley que respete el “equilibrio entre los estamentos”. Como finalmente el plazo se cumplió sin que el proyecto pase por las dos Cámaras, el organismo volvió a su integración de 20 miembros, según la ley de 1997. Rosatti además asumió como presidente.
Según el funcionario del Gobierno, el Congreso debe sancionar esta ley para “no avalar” el fallo de la Corte. “La sentencia del 16 de diciembre más que un fallo jurídico era una intervención política”, afirmó Soria y denunció que fue parte de una estrategia del Máximo Tribunal para “meterse por la ventana” en el organismo.
En esa línea, el ministro de Justicia apuntó contra los jueces de la Corte por su “ambición desbocada de concentración de poder” y planteó que la alternativa que enfrentan los diputados es elegir entre un Consejo “democrático, equilibrado y menos corporativo” o uno “que actúe de forma concentrada y corporativamente para unos pocos”.
Sin embargo, Soria reconoció implícitamente que el Frente de Todos no tiene los votos suficientes para ratificar el proyecto que viene del Senado. “Es un proyecto que está totalmente abierto, para que los diputados puedan incorporar sus aportes”, dijo y aclaró que “sus bases son inobjetables desde el punto de vista constitucional”. Esta última es una de las críticas que manifestó, por ejemplo, Graciela Camaño, quien señaló que excluir a la Corte es un “vicio de inconstitucionalidad de origen”.
En el Senado, el oficialismo tuvo que negociar hasta último momento con el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y su par misionera, Magdalena Solari Quintana (Frente para la Concordia de Misiones) para poder avanzar con la media sanción.
“Lo que queda por delante es el trabajo para hacer una mejor ley, no nos podemos conformar con que cuatro jueces de la Corte le roben sus facultades al Congreso”, finalizó.
Pablo Tonelli (PRO), vicepresidente de la comisión de Justicia, comenzó por aclarar que “sin dudas la mejor solución es sancionar una nueva ley del Congreso”.
“La única diferencia entre la ley de 1997 y el proyecto del oficialismo es que el último tiene dos legisladores menos y un académico menos. El resto es prácticamente igual. No me parece que esa diferencia de tres integrantes sea suficiente para decir que una ley es buena y la otra es mala”, planteó y aclaró que Juntos por el Cambio no podrá votar el proyecto si la Corte es excluida del Consejo.
La diputada Graciela Camaño remarcó que el Senado debería haber sido el primer lugar “donde tendría que haberse convocado a todas las fuerzas políticas” para alcanzar un consenso. Sus palabras tienen un peso particular, dado que se especulaba con que el oficialismo podría intentar acercar posiciones con ella para alcanzar una mayoría.
“La Corte tiene que estar y tiene que tener un rol, porque es quien tiene la mejor observación sobre la administración y de los reglamentos. No acuerdo con que deba presidir porque le quita equilibrio”, aseguró y concluyó señalando que la ley del oficialismo es “inconstitucional y está mal redactada”.
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