
La Justicia Federal le encargó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la pericia de los teléfonos y tablets secuestrados a los tripulantes del avión retenido en Ezeiza en la madrugada de hoy y el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño se refirió al hecho registrado en el marco de un caso que por estos días despierta interés en el plano local e internacional. “Una parte la van a analizar ellos y otra parte Cibercrimen de la Ciudad”, comentó Marcelo D’Alessandro en relación a la Policía Federal.
“Lo primero que se va a hacer es extraer la información y se bajará a los pendrives para acercarlos a la Justicia. Seguramente después se determina algún traductor para poder entender qué es lo que estaban hablando y buscar la información en el tema”, detalló el titular de la cartera de Justicia y Seguridad de CABA en diálogo con el canal TN.
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El operativo realizado esta madrugada en el Hotel Plaza Central Canning de Ezeiza, donde están alojados los 5 iraníes y los 14 venezolanos que viajaron en el avión investigado de Emtrasur, terminó a media mañana con un total de 18 teléfonos secuestrados y 7 tablets. Es una prueba clave para avanzar con la investigación judicial.

Sucede que en esos aparatos podría haber información desconocida sobre los tripulantes, aunque ya pasó una semana desde el aterrizaje en Ezeiza. Por ese motivo, el juez Federico Villena decidió encargar esa pericia al área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, pudo saber Infobae.
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“En todo lo que tenga que ver con terriroismo, nada se puede subestimar. Hay muchos puntos oscuros. No es casualidad que un ministro de un país hermano como lo es Paraguay avise a todos los servicios de inteligencia de la región sobre la situación. No es normal que Uruguay tome la decisión de bloquear el espacio aéreo y no permitirle aterrizar a este avión y nosotros decimos ‘acá no pasa nada’. A veces se subestiman las situaciones”, comentó en relación al caso y de manera crítica el funcionario porteño.
En ese sentido, D’Alessandro explicó: “El avión aterriza el lunes, el miércoles se permite ir al Uruguay y cuando ahí se le prohíbe el aterrizaje, ahí empieza a tomar estado público. Ahí, cuando aterrizan, recién se retiene los pasaportes”. Luego, insistió: “Del lunes al miércoles, el avión llegó y aterrizó en Córdoba por problemas de neblina, supuestamente, y estuvo un par de horas ahí. Si es un avión que está alertado en la región donde dos países limítrofes toman cartas en el asunto, no se puede subestimar esta situación”.
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En relación al operativo de esta mañana, el procedimiento comenzó a la madrugada y estuvo a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, que dispuso unos 25 agentes. “No fue un allanamiento técnicamente, se secuestró material de interés para la causa”, explicó una fuente de la investigación.
Sobre el final se sumaron un puñado de agentes de la Policía de la Ciudad para llevarse los aparatos secuestrados. De esa manera, las pericias quedarán a cargo del área de Cibercrimen, que ya estuvo al frente de decenas de investigaciones sensibles como la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
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El juez Villena decidió apartar a las fuerzas de seguridad nacionales que dependen del ministro Aníbal Fernández porque la PSA y la PFA estuvieron involucradas en el operativo para revisar el avión, la semana pasada, y ahora están bajo investigación.
“Con la responsabilidad en la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y la historia que tiene nuestro país, que los atentados más aberrantes ocurrieron acá en la Capital Federal no podemos subestimar absolutamente nada. Con esto tampoco estamos condenando. Lo que necesitamos es esclarecer la situación”, advirtió el ministro de Seguridad porteño en relación a los atentados terroristas que registra el territorio.
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A su vez, la fiscal federal Cecilia Incardona impulsó ayer una investigación en torno al avión venezolano-iraní inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza y pidió decretar el secreto de sumario para que no se filtren las medidas de prueba, a lo que hizo lugar el juez Federico Villena, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
Este martes se cumplieron ocho días desde que el avión de carga con bandera venezolana que pertenecía a una empresa iraní aterrizó en Argentina, pero sólo cuatro desde que la medida de inmovilizarlo y retener los pasaportes de sus tripulantes iraníes tomó estado público. Aquí, un punteo para comprender el complejo escenario detrás de un conflicto diplomático que trascendió a nivel internacional en la última semana.
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