La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes, por unanimidad, una serie de cuestionamientos formulados por Sergio Salgado, ex intendente de Santa Rosa, provincia de Mendoza, contra la sentencia que lo condenó a cinco años de prisión. Con esta decisión, Salgado, referenciado en el Frente para la Victoria (FPV), quedó al borde de ser detenido por orden de los tribunales de Mendoza ya que no le quedan instancias de apelación, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
El 18 de junio de 2018, el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la tercera circunscripción judicial de la provincia de Mendoza condenó a Salgado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de funciones en la administración pública como autor de los delitos de concusión, desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública en la modalidad de administración infiel en grado de tentativa, todos en concurso real. En aquella sentencia también se condenó a Marcial Gustavo Ibarra a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de funciones en la administración pública, por ser partícipe necesario del delito de concusión.
Según se determinó en la causa, en 2012 Jorge Castillo, capo de La Salada, buscó desembarcar en Mendoza y comenzaron los diálogos con Salgado para instalarse en Santa Rosa. Se le dieron entonces facilidades y se instaló la feria. Una de esas facilidades fue no cobrarle a La Salada el canon municipal, pero se suscribió un acuerdo y la comuna se quedó con la administración de la playa de estacionamiento, ubicada dentro del mismo predio. Sin embargo, de acuerdo a la acusación, Salgado exigía a quienes iban a comprar a una feria local una contribución en carácter de estacionamiento para los vehículos. La recaudación era controlada por Ibarra y luego destinada a una caja que era llevada al domicilio de Salgado o a la sede de la intendencia, para su posterior reparto.
Pero no fue el único delito que se le imputó al intendente. También se lo encontró responsable de malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública por una serie de facturas irregulares y libramiento de cheques para pagarlas. Otro de los delitos por los que fue investigado tienen que ver con desobediencia por no haber cumplido con un pedido de informes realizado por el Fiscal Adjunto de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado, tendiente a obtener información sobre un proceso licitatorio.
La defensa llegó a través de distintos recursos a la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que rechazó los planteos. Por vía de queja los abogados llegaron a la Corte Suprema. Pero los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos por “incumplimientos de los recaudos establecidos en el reglamento sobre los escritos de interposición del recurso extraordinario y del recurso de queja por denegación del aquél” (Acordada CSJN 4/2007), señalaron las fuentes consultadas.
“Me han hecho bosta”, había dicho el ex jefe comunal luego de conocer la sentencia que había dictado la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En ese momento, Salgado ya tenía una sentencia en su haber de seis meses de prisión en suspenso por lesiones leves a su ex pareja Bárbara Dorcemaine. En declaraciones periodísticas, Salgado se había declarado “un preso político” y culpado al ex gobernador Alfredo Cornejo. Fue la primera vez en la historia de Mendoza que la Justicia impuso una pena de cumplimiento en la cárcel por corrupción política recayó sobre el ex intendente de Santa Rosa.
Salgado estuvo preso en abril de 2016 -a los pocos meses de haber asumido su tercer mandato como intendente- por la emisión de cheques sin fondo con la firma de la municipalidad. En total, pasó 6 meses tras las rejas hasta que la Corte mendocina le revocó la prisión preventiva en una fallo firmado por Omar Palermo, Jorge Nanclares y Julio Gómez. También se lo acusó por defraudación contra la administración pública por un subsidio de $ 581.600 que recibió del Ministerio de Trabajo de la Nación y nunca rindió. Su nombre también estuvo en otra causa acusado por fondos remitidos por la Nación que fueron usados para pagar sueldos de los empleados municipales. Esa causa ya prescribió.
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