Cecilia Goyeneche, la fiscal que investigó al poder de Entre Ríos, pidió la “urgente intervención” de la Corte Suprema para evitar su destitución

La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para solicitar su “urgente intervención”, a fin de que impedir que el Jury de Enjuiciamiento que la tiene en el banquillo de los acusados decida de manera inminente su destitución.

“Mediante esta presentación directa ante V.E. vengo a requerir vuestra urgente intervención a fin de evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, solicitando, por las razones que seguidamente se expondrán, que disponga con carácter urgente -y habilitación de días y horas inhábiles- la suspensión de la tramitación del proceso de enjuiciamiento que se lleva en mi contra y tramita ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos”, estableció el escrito al que acceso Infobae.

La procuradora adjunta, en diálogo con este medio, explicó que el objetivo de la presentación es que “la Corte intervenga, dando un efecto suspensivo sobre el Jury para que no me destituyan hasta tanto se defina si el procedimiento por el cual me pretenden desplazar es legal o no”.

Goyeneche, que ocupa formalmente el cargo de Procuradora Adjunta pero está suspendida y tiene su sueldo recortado, quedó sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas que describieron circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron salpicados dirigentes peronistas de primera línea, pero también de la oposición. El caso de los “Contratos de la Legislatura” provincial reveló una red para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años. “Se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”, explicó en su momento la fiscal.

Pero de investigar la corrupción política pasó a estar acusada. El 30 de noviembre pasado se le abrió un Jury de Enjuiciamiento con el argumento de un supuesto “mal desempeño”. Se le achacó no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a la presunta relación con uno de los imputados de la causa “Contratos”, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos. Sin suerte, Goyeneche recurrió tanto ante el Jury como al Superior Tribunal para negar la acusación y exigir un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio. Tan grave fue la situación, que la propia Corte Suprema de Justicia, en una decisión urgente, le ordenó a la Justicia de Entre Ríos que escuche a la fiscal.

En el escrito, la defensa de Goyeneche advirtió que “la decisión final del Jury por la que se me destituirá de mi cargo es inminente. Tal como surge de diversas publicaciones efectuadas en diversos medios de comunicación de alcance local y nacional, ya se emitieron los primeros votos de sus integrantes y es probable que, en los próximos días u horas, se firme la resolución que hará efectiva mi destitución”.

“Todo ello, pese a que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (del miércoles pasado) no se encuentra firme, pues por el modo en que aquél decidió, sin tratar el fondo, apartándose de lo resuelto por la Corte, y rechazando por “inadmisible” mi acción, habilita a proceder inmediatamente a mi destitución sin que se haya hecho efectivo “mi día en la Corte”, esto es, sin que se hayan tratado las cuestiones constitucionales fundadamente planteadas por esta parte en cuanto al fondo y vinculadas con la ilegítima remoción del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador natural en el proceso de enjuiciamiento”, prosiguió el escrito.

El argumento de los letrados de Goyeneche destaca que la resolución del Superior Tribunal entrerriano “le dará al propio tribunal la oportunidad para afirmar falaz y erróneamente que, una vez que el Jury haya hecho efectiva mi destitución (lo cual es inminente), se habrá tornado “abstracto” un pronunciamiento sobre el fondo en la acción de amparo, impidiendo a la suscripta acceder a una tutela judicial oportuna y efectiva, en los términos de la sentencia” de la Corte nacional.

La fiscal anticorrupción destacó que el suyo sería “un caso de gravedad institucional que justifica la intervención directa” de la Corte, ya que el Poder Judicial provincial resolvió “la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, incardinada en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede del interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad, pues está involucrado el adecuado funcionamiento del sistema de remoción de magistrados, lo que compromete el aseguramiento de la administración de justicia independiente e imparcial que la Provincia de Entre Ríos debe asegurar”.

El Jury de Enjuiciamiento hoy tenía previsto fijar la fecha del veredicto. El plazo máximo que tienen es el 30 de noviembre. La decisión, irreversible, sería la destitución.

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