La Cámara Federal reabrió una investigación contra la ex procuradora Gils Carbó por el secuestro de Alfonso Severo

La Cámara Federal decidió reabrir una causa contra la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y el fiscal de instrucción José María Campagnoli por su participación en la investigación del supuesto secuestro de Alfonso Severo, el gremialista que tenía que declarar en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. La causa comenzó en 2012 por una denuncia de la ex SIDE y luego se sumó como querellante el ex director de operaciones,Antonio “Jaime” Stiuso.

Al comienzo, el secuestro de Severo se investigó en dos fiscalías. Los fiscales de Avellaneda intervinieron por la denuncia de la mujer de Severo. Y en Capital, el fiscal José María Campagnoli comenzó a actuar a partir de un llamado de la Procuración.

En pocos días, Campagnoli detectó que en la zona del supuesto secuestro aparecían registros de celulares asignados a agentes de la ex SIDE. Concretamente, habló de una “explosión de espías en las horas previas y posteriores a la aparición de Severo”. Y pidió la indagatorias de los supuestos implicados.

Según esa investigación preliminar, el encargado de interceptar a Severo habría sido Gustavo Rene Rauna, un policía de la Bonaerense que trabaja actualmente en una comisaría de Cañuelas. Otro policía, Patricio Korb (que luego se supo que era amigo de Severo) “se habría encargado de la observación y monitoreo hasta el momento mismo que fue interceptado”. Para Campagnoli, Korb era la conexión entre la Bonaerense y la ex SIDE.

Apenas cuarenta días después del hecho, la Sala VI de la Cámara del Crimen le sacó al expediente a Campagnoli y lo mandó a Avellaneda, donde todavía sigue abierta una causa sin grandes resultados.

Severo desapareció el 3 de octubre de 2012. Al día siguiente, el gremialista y ex gerente de Ferrobaires tenía que declarar en el juicio por la muerte de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado por una patota a las órdenes de la Unión Ferroviaria que conducía José Pedraza. El caso estuvo plagado de contradicciones y sospechas desde el comienzo.

Al margen de la investigación por el secuestro, en Comodoro Py hubo denuncias cruzadas. Campagnoli promovió una denuncia contra la entonces Procuradora por la supuesta filtración de datos sensibles. El fiscal se basó en la declaración de Stiuso ante la jueza Fabiana Palmaghini donde contó que Gils Carbó le “dio copias de lo actuado” a Francisco ‘Paco” Larcher, ex número dos de la ex SIDE.

Casi al mismo tiempo, comenzó una investigación en el juzgado de Lijo por una amenaza contra el fiscal Alberto Nisman. “…Nos llevamos puestos a tu querido “Jaimito”, con lo cual imagínate cuanto duras hasta que la Procuradora te saque de esa causa, a vos y a toda tu unidad fiscal…Viste que no se nos escapa nada, ya vas a ver como lo cocinamos en la causa 103.458/12 con el Fiscal Campagnoli…sería bueno que leas esa causa para que veas y aprendas como le armamos la prueba a Jaimito...”, rezaba el mail que llegó a la casilla Nisman y fue utilizado por la ex SIDE para la denuncia.

Stiuso se presentó como querellante porque estaba mencionado en la amenaza.

Aunque se ordenaron varias medidas de prueba, nunca se pudo determinar el origen ni el autor de los mails.

Sobre la decisión de Gils Carbó de involucrar a Campagnoli, tras un llamado del CELS, el juez Lijo concluyó que no hubo nada irregular. “No se observó ninguna irregularidad en el accionar de la Dra. Gils Carbó al darle intervención en la investigación al Dr. Campagnoli, ya que la misma se dio en virtud de la urgencia y gravedad del caso”, sostuvo el magistrado al decidir el archivo de la causa, en noviembre del año pasado.

La defensa de Stiuso, a cargo del abogado Santiago Blanco Bermúdez, apeló ese fallo y ahora la Cámara ordenó reabrir la investigación. “Se ha concluido con la tramitación del expediente, circunstancia que no puede sostenerse ya que veda al aquí apelante de la posibilidad de requerir las pruebas que estime pertinentes las que, en definitiva, también podrán coadyuvar a un mejor conocimiento de los hechos”, dijeron los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.