Levantan la orden de detención sobre la jubilada de Recoleta acusada de pagar los afiches contra Cristina Kirchner

El juez Manuel De Campos ordenó esta tarde levantar la orden de detención sobre Nilda Lilian Melhem, la mujer de 61 años acusada de haber pagado los carteles contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ayer, tal como adelantó Infobae, el juez ordenó su detención luego de que un chofer de Uber, Emanuel Montiel, la identificó como la persona que mandó el dinero a la imprenta.

“En función de que la imputada concurrió al tribunal a ponerse a derecho, designó abogado defensor, constituyó domicilio, y aportó elementos de interés para la investigación, déjese sin efecto la orden de detención”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Esta mañana el juez había ordenado el allanamiento en su casa. La orden dice que “deberá procederse al secuestro de: computadoras, teléfonos, dispositivos de almacenamiento y/o aparatos electrónicos con la mencionada capacidad, como así también cualquier otro objeto de interés para la investigación”.

En principio, Melhem está acusada del delito de defraudación por el perjuicio que habría generado la pegatina sobre las empresas que tienen la concesión de los “chupetes” en la vía pública.

Enterada por los medios que la estaban buscando, la mujer se puso anoche a disposición de la Justicia a través de un escrito. “No tengo antecedentes computables penalmente; jamás tuve denuncias en mi contra; vivo desde hace mucho tiempo (exactamente desde 2009) en un inmueble de mi propiedad, sito en la calle Billinghurst [la dirección se excluye], CABA, junto a mi hija Agustina, de 22 años de edad”, dice el escrito firmado por el abogado Matías Cuneo Libarona.

Los investigadores revisaron las redes sociales de la mujer y no encontraron ninguna vinculación política. El único dato llamativo, teniendo en cuenta el contenidos de los carteles, fue que había posteado la muerte de su padre por COVID.

“Es poco probable que esta mujer sea la autora ideológica pero el chofer la identificó y dio pruebas”, dijo una fuente judicial.

El remisero fue identificado a partir de un Fiat Palio blanco, patente AB927RJ, que trasladó el dinero hasta la imprenta “Vía Graphic” el 26 de marzo, dos días antes de la pegatina. Ahora los investigadores intentan determinar si es el mismo hombre, de jeen y gorra, que aparece en las imágenes de las cámara de seguridad de la imprenta, tal como adelantó Infobae.

“Se han verificado también las imágenes obtenidas por las cámaras ubicadas en el local correspondientes al día en que se pagó la impresión, concretamente aquellas que incluyen el lapso en que se concretó dicho pago, y puede observarse a un sujeto de características similares a Montiel”, dice el expediente.

Ese hombre llevó un sobre con dinero y un pen drive.

Con los datos del auto, fueron a buscar al remisero. Cuando lo allanaron, Montiel identificó a la mujer y hasta dio su número de teléfono. ”El día 30 de marzo pasado mediante un grupo de Whatsapp de choferes, le pasaron el contacto de una persona que necesitaba realizar un viaje hasta Gerli. En razón de ello se contactó con ésta y se acercó hasta la avenida Alvear...donde retiró un paquete que llevó hasta la localidad de Gerli...lugar donde funciona una imprenta”, declaró.

En el escrito que presentó ante el juzgado, la mujer destacó que no tiene intenciones de irse del país. “Tengo infinidad de comprobantes y constancias que acreditan mi arraigo en este país y, específicamente, en esta ciudad. Trabajo y soy el sustento de mi hogar, pese a ostentar la calidad de jubilada, y figurar como monotributista Categoría E. No tengo intenciones de irme del país, ni nada que se le parezca”, dice.

Con las pruebas que tiene la Justicia hasta ahora, la impresión de los carteles habría estado a cargo de Francisco Serrano, un empleado infiel de “Vía Graphic” que no volvió a trabajar luego del escándalo pero le habría confesado la maniobra por teléfono a su ex jefe, según consta en la causa que se inició por una denuncia del publicista Enrique “Pepe” Albistur, cercano al presidente Alberto Fernández.

Serrano tenía que presentarse a declarar ayer ante el fiscal porteño Mauro Tereszko, que tiene otra investigación sobre los afiches, pero pidió una prórroga hasta el viernes a través de un defensor oficial.

Los que sí declararon fueron Darío y Christian Méndez. Según una fuente de la investigación, ratificaron lo que ya habían dicho ante la Policía: que los contrató Serrano y se pactó una reunión en un bar porteño para pagar un adelanto. Ante las preguntas del fiscal, aseguraron que no saben quién fue el autor intelectual de la maniobra.

Los investigadores esperan ahora con atención la declaración de Serrano para empezar a desandar el camino hasta llegar al autor ideológico del escrache contra la vicepresidenta. Hasta ahora no se le secuestró su teléfono. Tampoco lo detuvieron. El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió dos veces el arresto, pero la medida fue rechazada por el juez. Sin embargo, De Campos ordenó investigar las llamadas entrantes y salientes de su celular.

Serrano trabajaba en “Vía Graphic” pero antes fue empleado de Latin American Communication SA (LATCOM), bajo las órdenes de Valentín Bueno, un publicista cercano a Juntos por el Cambio. Según los registros de la ANSES, en mayo de 2021 se fue a trabajar a la imprenta de Lanús.

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