El pasado viernes, un incidente en el anexo de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad de Balvanera originó un nuevo reclamo por parte del gobierno porteño sobre la superpoblación de presos en dependencias de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que las cárceles nacionales no reciben a detenidos e CABA y pidió a Casa Rosada el “compromiso para enfrentar a la inseguridad”.
“Frente a la sobrepoblación de detenidos que estamos teniendo producto de la decisión del Sistema Penitenciario Federal de dejar de recibir detenidos de la Ciudad, vamos a seguir construyendo y adaptando comisarías y alcaidías para ampliar su capacidad”, señaló el mandatario porteño a través de las redes, y amplió: “En esto no puede haber dudas: los delincuentes tienen que estar presos. Espero que el Gobierno revea esta decisión y asuma el compromiso de enfrentar la seguridad, como reclaman millones de argentinos”.
Consultada por esta situación, María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, negó la acusación del mandatario porteño. “No es cierto que no se estén recibiendo detenidos de la CABA, quiero creer que (Rodríguez Larreta) está mal informado. Desde el 16 de mayo de 2020, y hasta hoy, se recibieron más de 5700 presos”, aseguró a radio Futurock.
A mediados del año pasado, la situación de las comisarías porteñas era casi de colapso: informes oficiales alertaban en aquel momento sobre un 250% de sobrepoblación y que los detenidos esperaban horas en los patrulleros para entrar a una celda.
“El insólito relato kirchnerista sobre la relación de la Ciudad con el Servicio Penitenciario Federal raya la ciencia ficción. Ahora niegan que hayan cerrado la recepción de detenidos desde el inicio de la pandemia. Un par de datos que hablan por sí solos: a lo largo de todo el 2019, el Servicio Penitenciario recibió casi 18 mil detenidos en dependencias de la Ciudad. Un año después, la cifra bajó a tan solo 6 mil. La tercera parte”, sostuvo el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro.
“Peor aún: durante el año pasado, el número cayó a unos 3.500, o sea 42% por ciento menos respecto a 2020 y 80% menos que en el 2019. Por las dudas: en cuarentena, y hasta diciembre de 2020, remitimos un promedio de 217 detenidos por mes. En lo que va de 2022, 200. Por eso, lamento estas chicanas de la política que no aportan nada al profundo debate que necesita la seguridad en la Argentina para construir un plan integral que hoy brilla por su ausencia”, completó.
Representantes de Juntos por el Cambio citaron la semana pasada a Garrigós de Rébori para que se presente ante el Congreso a dar explicaciones sobre el motivo por el cual el SPF no recibe o demora la recepción a presos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido llega a raíz de los motines que se produjeron en dos comisarías porteñas, encabezados por presos que reclamaban su traslado.
“La visita de la doctora Garrigós de Rébori resulta indispensable dado que la situación actual atenta no solo contra los derechos de los presos a permanecer en un ámbito seguro donde se garantice su salud y su integridad, sino que también pone en riesgo la seguridad de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires”, justificaron en un documento firmado por María Graciela Ocaña, Cristian Adrián Ritondo, Paula Oliveto Lago, Gerardo Milman, Pablo Torello y María Luján Rey, entre otros.
En los argumentos, los referentes de Juntos por el Cambio resaltaron que “los detenidos, insólitamente, no reclamaban por su libertad, sino que reclamaban el traslado a las cárceles en las que les correspondería estar. Por ejemplo, en la Comisaría 3ª, al momento del motín, había un total de 22 personas detenidas, siendo que en dicha comisaría solo hay lugar para 11. Esta situación ha sido denunciada en numerosas oportunidades por D’Alessandro, quien radicó una renuncia en la Justicia Criminal y Correccional Federal por no dar los cupos necesarios para los presos de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo al convenio celebrado que establece que las cárceles federales deben absorber a los detenidos de la Capital Federal”.
También alertaron que “en la actualidad el Servicio Penitenciario Federal tiene 11.490 presos alojados en todas sus dependencias, siendo su capacidad máxima para albergares de 12.198, es decir le sobran solo 708 plazas. La disponibilidad implica una ocupación a la fecha de 94,20% y para las autoridades del SPF, el sistema está colapsado, cuando a la luz de las cifras no es así”.
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