El intendente de La Plata pidió a la Justicia desalojar la gigantesca toma de Los Hornos y demoler las casillas

El intendente de La Plata, Julio Garro, le solicitó a la justicia federal “demoler” las viviendas construidas de manera ilegal en la gigantesca toma ubicada en el ex Club Planeadores de Los Hornos, en las afueras de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Las viviendas precarias, algunas incluso de dos pisos, están ubicadas en zona inundable que abarca unas 160 hectáreas, allí viven unas 2.600 personas.

En un escrito presentado por funcionarios de Julio Garro (Cambiemos) ante el Juzgado Federal número 2 de La Plata, a cargo de Adolfo Gabino Ziulu, se detalla que esas casillas “fueron levantadas en una zona agroecológica atravesada por cuencas, que es inundable y no construible” y justifican el pedido de “desalojo y demolición” en la necesidad de “evitar riesgos hídricos”, según el informe técnico firmado, entre otros, por la secretaria de Planeamiento Urbano, María Botta.

La toma al predio que pertenecía al ex Club de Planeadores, y cuyas tierras son de propiedad federal, comenzó en febrero de 2020, antes de la pandemia, y desde entonces no paró de crecer.

Desde esa fecha, la Intendencia sumó varios pedidos de desalojo que la Justicia, primero la ordinaria y después la federal no le dio curso. En cambio, ordenó la prohibición de sumar más personas y la construcción de casas. Una orden que, en los hechos, no se cumple.

Para evitar que más familias se sumen al lugar, y que se sigan construyendo viviendas, el magistrado ordenó que la Gendarmería custodie el perímetro. Tampoco sucede. Apenas seis efectivos recorren el lugar a diario. Mientras tanto, los vecinos de zonas aledañas se quejan por el aumento de la inseguridad y hechos de violencia en las inmediaciones a la gigantesca toma.

En la nueva presentación se asegura que “en las inspecciones periódicas que se realizan en el predio, se observaron camiones sin identificación comercial trasladando y descargando escombros, hierros y ladrillos, entre otros materiales, en las casillas ubicadas en el sector próximo a calle 153″, un hecho que la misma justicia había prohibido.

El escrito está acompañado por fotos y filmaciones de los camiones con acoplado ingresando a la zona usurpada con materiales de construcción y fotos de las viviendas que se extienden a lo largo y a lo ancho de las 160 hectáreas ocupadas de manera ilegal.

La comuna también adjuntó “actas como prueba” en las que se señala “la detección de viviendas en construcción de dos plantas en una zona que, según el proyecto de urbanización acordado con las autoridades nacionales y provinciales, están destinadas a zona agroecológica y espacios verdes y no a área residencial; además de ser áreas atravesadas por cuencas”.

En esas actas se detalla, por ejemplo, que: “En el sector de 84 y 152 hay una vivienda de aparente uso permanente y construcción completa de material”; en otra se destaca: “en el área de 84 y 150 detectamos dos construcciones en curso de similares condiciones y sobre la calle 149 e/ 76 y 77 se verificó otra vivienda de idénticas características”.

El documento judicial también confirma: “Se observa la misma situación en todo el predio, lo que demuestra que no se trata de intervenciones aisladas sino de algo generalizado, agravado por las características particulares del predio”.

Ese es el contexto por el cual la intendencia de La Plata, a través de la Secretaría Legal y Técnica, destaca la necesidad de proceder a la urgente demolición de las viviendas construidas con sistema tradicional en el predio, para evitar futuros riesgos hídricos en el sector.

“La situación relevada es grave”, le dijo a Infobae Botta, la funcionaria a cargo de la Secretaria de Planeamiento Urbano y recordó: “En octubre de 2020 el Juzgado Federal interviniente solicitó a la Subsecretaria de Hábitat de la provincia de Buenos Aires que reubicaran las casillas emplazadas en las áreas inundables, a partir del informe hidráulico presentado por el Municipio ante la Justicia en el que se explicitaba el riesgo de las familias allí instaladas por estar asentados en las áreas inundables determinadas según el Plan de Reducción de Riesgo por Inundaciones 2019″. Sin embargo, eso no ocurrió y la toma, lejos de achicarse, se extendió.

Las parcelas usurpadas eran propiedad del Estado Nacional. Al ser usurpadas, el gobierno de Alberto Fernández le traspasó esas tierras a la administración de Axel Kicillof. Por esa razón, los funcionarios bonaerenses se reunieron varias veces con los técnicos del intendente Garro para encontrar una solución al conflicto. Después de varios encuentros, se acordó el diseño del Plan de Urbanización Integral de Los Hornos. Allí se había dispuesto la zona en la que se podía construir, y cuáles serían los espacios verdes.

Según esos planos, “los terrenos en los que se proyecta la intervención son tres parcelas grandes, propiedad del Estado Nacional administradas por la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), en donde antes funcionaba el Club de Planeadores, ubicado en la zona comprendida por las calles de 76 a 83 y de 143 a 153″.

Para Botta, esto se incumplió y -especula- con la venia política de la gobernación, se dejó ingresar a familias que no estaban registradas. Por esa razón, sostiene la arquitecta, de las 191 familias censadas en un comienzo, ya hay unas mil viviendas enclavadas en el lugar.

La escalada del conflicto en la masiva toma de Los Hornos es una demostración del fracaso del acuerdo al que habían llegado los técnicos de Nación, provincia y el municipio.

Según el informe presentado por los funcionarios platenses al juzgado federal El predio del ex Club Planeadores “se inserta en parte de la Planicie de inundación del Arroyo Regimiento definida según el mapa de Geomorfología y Suelos del Instituto de Geomorfología y Suelos, por lo que resulta una zona de riesgo hídrico en un sector del partido que demuestra en los últimos diez años un importante crecimiento urbano”.

La última denuncia elevada a la justicia y firmada por Mario Gabriel Valentini, el Subsecretario Legal y Técnico de la Municipalidad de La Plata, hace hincapié en lo que ya reveló este medio, el ingreso “ilegal, sistemática y recurrente de camiones con materiales de construcción que son descargados en el interior del predio para la construcción de viviendas precarias en zona inundable”.

El funcionario le recuerda al juez federal que desde octubre de 2020 la intendencia de Julio Garro viene solicitando “la necesidad imperiosa de que se procediera al desalojo de los usurpadores”. Hasta el cierre de esta nota, la justicia federal de La Plata no tomó ninguna decisión.

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