La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchará el próximo 18 de marzo a una audiencia para escuchar a diferentes asociaciones de fiscales en reclamo de la la independencia judicial en la Argentina. El foco estará puesto en las presiones que sufren los fiscales provinciales que investigan al poder y que han sufrido sumarios y separaciones de sus cargos.
“Tengo el agrado de referirme a su solicitud, en la cual manifiesta su interés de asistir a una audiencia durante el próximo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tratar cuestiones referentes al asunto arriba mencionado. Al respecto, me complace informarle que la CIDH ha decidido convocar a una audiencia el día 18 de marzo de 2022, a las 11:00 horas (horario de Washington D.C.)”, indica el comunicado formal a los peticionantes.
La petición de la audiencia fue realizada por la Asociación de de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Argentina de Fiscales, que buscará incluir en la presentación la situación del Procurador General interino Eduardo Casal y la marcha del kirchnerismo duro contra la Corte Suprema de Justicia.
Entre los temas que se busca exponer es el caso de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, suspendida cuando coordinaba la acusación de un grupo de fiscales en un juicio oral que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri.
Cecilia Goyeneche, fiscal de la Provincia de Entre Ríos, fue suspendida de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y se le inició un juicio político. Además, se apartaron de la causa a otros dos fiscales que trabajaban junto a Goyeneche y fueron reemplazados por un abogado de la matricula. La causa por la cual fue denunciada fue por mal desempeño. La argumentación que utilizaron para este caso fue porque debería haberse apartado de la investigación de la causa de los contratos porque había formado parte de un fideicomiso con uno de los investigados.
La fiscal anticorrupción estaba llevando a cabo una investigación sobre el juicio oral y público hacia el ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador de Israel, Sergio Urribarri. También realiza una investigación sobre el cobro de 53 millones de dólares que realizó la legislatura mediante empleados fantasmas y donde se ve implicado el sobrino de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Goyeneche señaló que los denunciantes que causaron su suspensión son del estudio que defiende a quienes ella investiga y culpó al gobernador Gustavo Bordet y al “Urribarrismo” por esta situación. Desde la gobernación, Bordet respondió que todos son iguales ante la ley y se defendió diciendo que nunca se entrometieron y fueron respetuosos con los veredictos de la justicia. La fiscal suspendida recibió el apoyo de La Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo saliò a respaldarla.
La CIDH también escuchará la situación de los fiscales de Santa Fe que investiga a la banda de narcotráfico Los Monos. En Santa Fe, el fiscal Sebastián Narvaja y su colega Adrián Mac Cormack fueron denunciados cuando investigaban el manejo de los subsidios de los senadores, en 2017. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra tambien fueron denunciados recientemente cuando intentaban llevar a juicio al legislador del PJ Armando Traferrri por supuestos nexos con el juego clandestino.
“La cohesión política que cuida a un Senador sospechado de corrupción y que amenaza a los fiscales que tratan de hacer su trabajo constituye, a la vez, una triste paradoja. En una Provincia en la que las víctimas de homicidios y femicidios se cuentan por cientos, parece imposible construir un consenso político general en materia de seguridad y justicia. No obstante, desde 2017, la mayoría de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo construyen impunidad monolíticamente”, llegó a decir a fin del año pasado en un comunicado la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.
Ese será lo que se busque exponer en la audiencia ante la CIDH el próximo 18 de marzo. Se trata del paso inicial para intentar que el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano se informe del caso y decida si se involucra en el tema.
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