
El ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, condenado por los bolsos con nueve millones de dólares, pidió a la justicia para poder votar el próximo domingo en las elecciones internas. El planteo lo hizo ya que se encuentra detenido en un lugar secreto bajo el programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación, lo que dificulta la logística ya que no está contemplado en la organización electoral.
El ex funcionario alegó su derecho a votar, los únicos detenidos que no puede hacerlo son quienes tengan condena firme, y que se le haga llegar una urna al lugar en el que se encuentra o que lo trasladen a una cárcel, donde sí se vota.
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El planteo fue hecho ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Comodoro Py que pidió informes a la justicia electoral y al Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia. El fiscal federal Miguel Ángel Osorio dio su aval para que López vote.
En Argentina puedan votar los presos que no tienen condena firme. En esta elección están habilitados para hacerlo 62.437 en 302 unidades de detención (cárceles, alcaidías e institutos de menores) de todo el país. Lo hacen con un sistema especial de boleta única y por su último domicilio que figura en el DNI. Así, un detenido en Santa Fe pero con domicilio en la provincia de Buenos Aires vota a los candidatos de este último distrito. Esto implica que a cada unidad de detención del país se envíen las boletas de los distritos de las personas que allí estén detenidas.
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Pero quienes no votan son los que están en prisión domiciliaria o en comisarías porque no hay logística para esa organización. López se encuentra en ese universo. Desde 2018 está bajo el Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia luego que declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción. Su lugar de detención es secreto y por lo tanto fuera del alcance de poder votar.
Sin embargo, el ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner se presentó en la justicia y señaló que tiene derecho a votar y planteó que se lo garantice a través de una organización especial. En la última elección no pudo hacerlo porque no le entregaron su DNI. Su domicilio es en la provincia de Tucumán, distrito por el que en 2015 fue elegido parlamentario del Mercosur.
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El TOF 1 pidió informes para saber si existe la posibilidad organizativa de que López vote. Las alternativas son que lo haga en su lugar de detención o que sea llevado a una cárcel para poder hacerlo allí.

La madrugada del 14 de junio de 2016, López fue detenido en el convento de las Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora de Fátima en General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares. En 2019 el TOF 1 lo condenó a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito y a una pena única de siete años y seis meses de prisión por una condena anterior por tenencia de armas por la carabina Sig Sauer que había llevado al convento. La condena no está firme porque López apelará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la revise.
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El ex funcionario ya cumplió los dos tercios de su condena por lo que está habilitado para salir de prisión pero el tribunal oral le fijó una fianza de 48 millones de pesos para poder hacerlo. López y su defensora oficial Pamela XXXX reclaman que esa fianza sea bajo palabra porque no tienen dinero ni bienes para afrontar la caución. El TOF 1 lo rechazó y apelaron a la Cámara Federal de Casación Penal para que analice el caso.
“Ya estoy pasado cuatro meses del plazo para la libertad condicional y como se dice en la jerga carcelaria yo ya estoy pago, así dicen los muchachos, ellos quieren decir yo a la sociedad no le debo nada, yo cumplí con la justicia, yo ya pagué. Y yo les digo que en mi caso la Justicia me hizo pagar a mí la condena anticipadamente porque ya estoy pasado 120 días del plazo para la libertad condicional. Y como dijo este tribunal en muchas resoluciones la pena tiene un fin resocializador y por lo tanto como ya pagué anticipadamente mi condena ante la sociedad puedo demostrar que ya cumplí y que estos cinco años de haber estado detenido me permitieron alcanzar el equilibrio físico, psíquico y emocional que me permite reinsertarme adecuadamente a la sociedad”, sostuvo el ex funcionario en una audiencia el 13 de agosto pasado.
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