El Gobierno evalúa ir a la Corte de La Haya para resolver el conflicto diplomático con Chile

El 23 de agosto de 2021, Sebastián Piñera suscribió un decreto con texto críptico que se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile con la nomenclatura CVE 2000795. El decreto tiene siete considerandos, un artículo con tres incisos, y las firmas de Andrés Allamand, ministro de Relaciones Exteriores, y de Baldo Prokurica Prokurica, ministro de Defensa.

El decreto CVE 2000795 complica las relaciones entre Buenos Aires y Santiago de Chile, y Alberto Fernández analiza la respuesta que ejecutará frente a una decisión geopolítica asumida por Piñera que sorprendió a Balcarce 50.

El jefe de Estado oscila entre convocar a un tribunal ad hoc o hacer una presentación legal en la Corte de la Haya.

La decisión del Presidente chileno desconoce los acuerdos sobre Hielos Continentales de 1998 y el tratado de Paz y Amistad de 1984. Con su decreto del 23 de agosto, a pocos meses de terminar su mandato, Piñera intenta apropiarse de 1.000 kilómetros cuadrados de una zona de los Hielos Continentales que ya estaba delimitada y sumar otros 5.000 kilómetros cuadrados al territorio de Chile que pertenece a la plataforma continental de la Argentina.

Es más: el decreto CVE 2000795 avanza también sobre 20.000 kilómetros cuadrados en las cercanías de las Islas Malvinas que son patrimonio común de la humanidad, y que abre una hendija jurídica para disputar a la Argentina sus propios derechos sobre la Antártida.

Después de evitar un conflicto armado por la pertenencia de tres islas ubicadas en el Canal de Beagle, Argentina y Chile negociaron un acuerdo de Paz y Amistad en 1984 que fue avalado por Juan Pablo II y firmado por el gobierno de Raúl Alfonsín y la dictadura de Augusto Pinochet.

Ese hito histórico para las relaciones bilaterales entre Buenos Aires y Santiago, establece una regla de oro que Piñeira entierra sin ceremonia en su decreto del 23 de agosto de 2021: Argentina se extiende hacia el este y Chile hacia el oeste.

La ofensiva diplomática chilena se corona en un lenguaje cerrado, frío y apenas descifrable para expertos que trabajan a los dos lados de la Cordillera de los Andes. Y todo se formaliza con un decreto que apenas tiene un artículo y tres incisos.

Ese simple artículo le permite a Piñera ampliar de hecho el territorio chileno, irrumpir en una zona de la Antártida que no le pertenece a Chile y perseguir ingresos millonarios en petróleo y crustáceos.

Piñera ejecuta su movimiento geopolítico anulando una “y” griega, agregando una coma e incluyendo la frase “y límite exterior de 200 millas marinas de la Plataforma Continental”, a un decreto anterior que había sido consensuado por las cancillerías de los dos países en el siglo XX.

El Tratado de Paz y Amistad de Argentina y Chile establece que la medianera entre ambos países es el meridiano a 67 grados y 16 minutos. Al oeste de ese meridiano, se extiende Chile; y al este, Argentina. Desde esta perspectiva geográfica, acordada por los dos estados en 1984, la Cancillería desarrolló un estudio para fortalecer los derechos sobre nuestra plataforma al sur de Tierra del Fuego.

Los estudios de prolongación del territorio argentino comenzaron en 1997, se presentaron al secretario general de Naciones Unidas en 2009, y para que hubiera absoluta transparencia política, todos los mapas se colgaron en la página oficial de la ONU.

Entre 2012 y 2016, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental analizó la presentación de la Argentina. Y finalmente esa comisión -que opera bajó la cobertura institucional de la ONU- dictaminó que estaban probados los derechos nacionales sobre la plataforma continental porque funcionaba como una extensión natural del margen argentino.

Chile nunca presentó una objeción jurídica en la ONU. Y cuando el Congreso estaba a punto de transformar esa postura geopolítica en ley, el Palacio de la Moneda levantó la mano y sólo hizo referencia a sus eventuales derechos en la Antártida.

Ahora, ese estudio avalado por la ONU y ratificado por la ley 27557 que fue sancionada en agosto de 2020, permite a la Argentina oponer ese límite a cualquier estado. Piñeira desconoce ese derecho, y a través de un inesperado decreto, abre un litigio diplomático que que excederá su mandato presidencial.

Alberto Fernández decidió que Felipe Solá contestara a Piñera con un comunicado de la Cancillería, pero sabe que esa respuesta formal no alcanza para proteger derechos territoriales que pertenecen al país.

En este sentido, el Presidente aún cavila si tiene sentido escalar el conflicto en los medios de comunicación, u optar por el silenzo stampa asumiendo que hay elecciones presidenciales en Chile y legislativas en la Argentina.

La Casa Rosada no quiere que este conflicto diplomático aún encapsulado se espiralice hasta llegar a una cota dominada por el nacionalismo. Fue ese nacionalismo rancio que casi provoca una guerra en 1978, y Alberto Fernández se mueve con delicadeza para evitar un mal paso aquí y otro en Santiago de Chile.

Sin embargo, el jefe de Estado sabe que ya hay una diferencia territorial y que Piñera no dará marcha atrás. Entonces, el único camino que queda es un tribunal arbitral ad hoc -previsto en el tratado de 1984- o realizar una presentación formal en la Corte de la Haya.

Alberto Fernández aún no decidió.

Pero las diferencias con Chile, no terminan en el rechazo a los límites previstos por el tratado de Paz y Amistad de 1984. Con su decreto firmado hace una semana, Piñera también contradice un acuerdo sobre Hielos Continentales vigente desde 1998. Esa pieza bilateral fue rechazada por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y aún está vigente para ambos países.

En 1998, Argentina y Chile firmaron un tratado para precisar el recorrido del límite fronterizo entre el monte Fitz Roy y el monte Daudet, adentro de los denominados Hielos Continentales.

El acuerdo tiene dos secciones:

A) Para fijar los límites del cerro Murallón al monte Daudet.

B) Para fijar los límites desde el monte Fitz Roy al cerro Murallón.

Respecto a los límites de la sección A -del cerro Murallón al monte Daudet-, Chile no opuso objeciones. El trazado beneficia sus aspiraciones geopolíticas porque se inclina hacia el este, un área de pertenencia geográfica de la Argentina.

Y en cuanto a la sección B - del monte Fitz Roy al cerro Murallón-, Argentina nunca logró que Chile aprobará la demarcación legal. Se tardó trece años para elaborar un carta a escala 1:50.000, y desde ese momento, el Palacio de la Moneda postergó todas las respuestas a los planteos diplomáticos de la Casa Rosada.

Esa maniobra deliberada de Chile, terminó de manera abrupta con el decreto del 23 de agosto. Piñera consideró que no tiene sentido fijar los límites de la sección B - del Monte Fitz Roy al cerro Murallón -, y decidió de manera unilateral que esa zona también es chilena.

La postura de Piñera implica que Chile añadió mil kilómetros cuadrados más a su territorio que pertenecen a la Argentina por el tratado suscripto en 1998. Ese acuerdo bilateral siempre fue aceptado por ambos países y sólo faltaba delimitar la sección B entre el Monte Fitz Roy y el cerro Murallón.

Asesorado por su canciller, Alberto Fernández medita qué hacer frente al decreto chileno. Fue sorprendido por Piñera y ahora enfrenta un hecho consumado en plena campaña electoral. Allá para elegir presidente, y acá para preservar un poder jaqueado por el vacunatorio vip, la crisis económica y la Fiesta de Olivos.

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