Buscan prohibir el uso de celulares en las cárceles de Santa Fe

En lo que va del año, en la provincia de Santa Fe se incautaron más de 3.600 celulares mientras crece la ola de crímenes organizados desde dentro de los penales. En ese contexto, un diputado provincial presentó un proyecto para instalar inhibidores de señal e impedir el uso de telefonía e internet móvil en las cárceles de la provincia. “Es simple evitar que se continúe delinquiendo dentro de los establecimientos penitenciarios. Hay que superar la falta de estrategia y de voluntad para combatirlo”, aseguró Nicolás Mayoraz.

A tal efecto el diputado propuso instalar inhibidores de señal de telefonía móvil e internet inalámbrica en el perímetro de los establecimientos penitenciarios en el marco de la creación del programa “Cárceles Seguras, Santa Fe Segura”. El proyecto fue acompañado por los diputados del bloque Vida y Familia, Natalia Armas Belavi y Juan Argañaraz.

Mayoraz advirtió que “la sociedad vive impotente y sin saber cómo frenar la criminalidad, que en parte proviene de las cárceles” y agregó que “las instituciones que tienen injerencia parecen no tener intención de combatirlo”.

Según el constitucionalista, este tipo de medidas se aplica en países como Estados Unidos, Brasil, Ecuador y El Salvador y disminuye notoriamente los delitos desde dentro de la cárcel. Cumple, además, con las Reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos y con la normativa internacional sobre derechos de las personas privadas de libertad. También les permite mantener comunicación y contacto con sus familiares y representantes legales y estar informados, pero en el marco de un régimen de control y sin el acceso a celulares.

De acuerdo al proyecto de ley, cada pabellón contaría con un espacio de comunicación para los internos por telefonía fija y videollamada de internet por cable, respetando su privacidad. El personal penitenciario accedería con mayor disponibilidad a los mismos sistemas y se reglamentaría la frecuencia de llamadas y las excepciones en casos de urgencia. Tal es así que cada penitenciaría llevaría un registro de llamadas cuyos datos sólo podrán ser utilizados por una orden judicial.

Para Mayoraz, la sociedad se volvió rehén de un sistema de seguridad ineficiente en extremo y se observa una clara incapacidad para implementar políticas de prevención de delitos. A lo que se suma “una ideología abolicionista, disfrazada de garantismo, que apela a la falacia de las garantías, más que para proteger los derechos de quienes cometen delitos, para favorecerlos en exceso y lograr que no cumplan ninguna pena o cumplan lo menos posible”.

Frente a esta situación, dijo que “la continuidad de las empresas delictivas desde dentro de los establecimientos penitenciarios constituye una problemática que tiene a la sociedad subyugada”. A pesar de su gravedad, señaló que las instituciones que deberían solucionar este flagelo no demuestran intención de combatirlo. “Al contrario, parecieran favorecerlo. La instalación de inhibidores de señal siempre se frustra por disposiciones administrativas inverosímiles. Llegaron a prohibirlos y autorizaron la tenencia de teléfonos celulares por parte de los internos”, indicó Mayoraz.

Según el diputado del bloque Vida y Familia, se trata de “una medida necesaria, aunque vamos a encontrar oposición. Hay sectores del Estado que se resisten por ideología o intereses inconfesables y que en lugar de proteger a la gente honesta, beneficia a los delincuentes con excusas absurdas”.

No es la primera vez que se trata de avanzar en una iniciativa de este tipo. Hubo intentos en la Provincia de aplicar la medida e incluso se llegó a comprar varios equipos. Pero nunca se llegó a implementar. Incluso, el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) obligó a desactivarlos porque perjudicaban a una empresa de telefonía. “El Gobierno priorizó el interés económico por sobre la seguridad pública. Mientras tanto los delitos provenientes de cárceles continúan en aumento”, advirtió Mayoraz.

La propuesta por ley de instalar inhibidores en todos los establecimientos penitenciarios de la Provincia, se respalda en la Ley N°27.375 que prohíbe las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles, pero a su vez respeta el derecho a la comunicación de los internos, garantizado en el Art. 158 de esa norma.

“Es una forma eficaz de proteger a los ciudadanos honestos del delito intracarcelario y de respetar los derechos de los reclusos a una comunicación razonable, por medios alternativos y supervisados”, aseveró el diputado para quien “hay que terminar con la inoperancia estatal para que los ciudadanos de la provincia recuperen la seguridad, la paz y la vida digna que merecen”.

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