Cacerolazo en el Congreso contra la reforma al Ministerio Público Fiscal

En estos momentos, manifestantes llevan a cabo un cacerolazo frente al anexo del Congreso contra el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. La protesta se da en el marco del plenario de comisiones en el que el kirchnerismo pretende obtener dictamen para tratar la iniciativa, que ya tiene media sanción en el Senado, en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los presentes se hacen notar con cacerolas, silbatos, aplausos, bocinazos o cualquier otro elemento que sirva para manifestar el malestar con respecto a este proyecto. Casi todos los mensajes que se pueden leer en las pancartas apuntan contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Algunos dirigentes opositores, como es el caso de Mario Negri, se sumaron al reclamo. “La sociedad se ha movilizado para expresar su rechazo a la ley de impunidad que hoy el kirchnerismo quiere dictaminar. Detrás de la modificación de la ley de Ministerio Público Fiscal existe el objetivo de controlar la Justicia. Es muy evidente!”, tuiteó al respecto el diputado nacional.

La mayor parte de los reclamos están relacionados a los cambios que la iniciativa plantea para elegir y remover al Procurador General de la Nación. Ese puesto es ocupado interinamente por Eduardo Casal, a quien el oficialismo quiere reemplazar. En esa dirección, Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas, que este lunes ratificó que se bajará de la postulación si el kirchnerismo cambia la mayoría para su aprobación en el Senado.

El proyecto de ley modifica el art. 11 de la ley 27.418, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”. Esto significa que la mayoría simple le alcanzará y no será necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.

Asimismo, modifica el art. 76 que regula el procedimiento para remover al jefe de los fiscales. Actualmente esto se realiza mediante juicio político por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional donde la Cámara de Diputados, por mayoría especial de dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado de la Nación, quien también por mayoría de dos tercios, lo juzga en juicio político. De aprobarse el proyecto sin modificaciones, se relajarían esas mayorías y haría que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político. A su vez, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional, quien se lo comunica a la Cámara de Diputados. Esto significaría que el Ejecutivo le saca a los diputados la potestad exclusiva y se arroga una facultad que no es propia.

Otra novedad del proyecto oficial es que una vez que la Cámara de Diputados comience el juicio político y se haya acusado formalmente, los diputados con la mitad más uno de la Cámara podrían pedir la suspensión del Procurador en su cargo por hasta 180 días y, en ese período, nombrar un fiscal de manera provisoria en el cargo. Esa designación le corresponde al Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, elegir al Procurador Interino que tendrá que ser un fiscal con más de 10 años en el cargo.

Además, el artículo 15, que incorpora un nuevo artículo 62 bis, señala que el cargo que hoy es vitalicio ahora sería por un plazo de 5 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.

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