Ginés González García está haciendo un fuerte lobby en el Gobierno para lograr que su amigo y socio Daniel Alejandro López sea designado al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en lugar del fallecido Eugenio Zanarini. Es la versión que llegó a la Confederación General del Trabajo (CGT) desde la Casa Rosada y por eso se prendieron las luces de alerta: la cúpula cegetista pretende que el puesto recaiga en un especialista de confianza para el sindicalismo y le planteará su propuesta a Alberto Fernández en el almuerzo que compartirán este jueves en la Quinta de Olivos.
López es director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la Secretaría General de la Presidencia. El sanjuanino de 59 años se recibió de médico cirujano en la Universidad de Córdoba, hizo estudios de posgrado en Cataluña, España, y de regreso al país fue nombrado coordinador quirúrgico de la obra social OSECAC. Luego ejerció como su administrador en su provincia natal. En 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue designado gerente de Prestaciones Médicas del PAMI por el entonces ministro de Salud, González García.
En 2003 trabajó como asesor de la gerencia general de OSECAC hasta que, en febrero de 2020, fue convocado por el ex ministro que renunció por el escándalo de las vacunas para el cargo que ocupa actualmente y donde se convirtió en el responsable del Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura médica a titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones por leyes especiales.
Hay algo que no dice el currículum de López: hasta 2008 fue uno de los seis socios de la bodega Tierra Mayor, ubicada en San Juan, propiedad del desplazado titular de la cartera de Salud. Curiosamente, otro de los miembros de esa sociedad era Zanarini.
Algunos dirigentes de la CGT creen que, luego de la reciente muerte de Zanarini, González García quiere mantener su influencia en la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que administra los millonarios fondos de las obras sociales. Manejar “la Súper”, como la llaman, es la aspiración de cualquier gremialista por el enorme poder que representa y un lugar que no descuida ningún gobierno porque representa la llave que regula la relación con el sindicalismo. Desde allí incluso se controla el funcionamiento de las prepagas.
En la central obrera buscarán este mediodía el aval del Presidente para que sea encabezada por un experto salido de sus filas. El gran candidato es David Aurachán, un médico cirujano vascular de 50 años, que presidía la obra social y la prepaga de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), además de integrar el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, financiado por gremios que pertenecen a la CGT.
En diciembre de 2019, Aurachán fue durante algunas horas titular de la Superintendencia luego de que Alberto Fernández, apenas ganó las elecciones, se comprometiera a designar allí a alguien sugerido por la CGT. Sin embargo, Cristina Kirchner se opuso a entregarle semejante poder a los sindicalistas y finalmente González García nombró a su amigo y socio Zanarini. El candidato cegetista se quedó en el organismo como gerente general.
En caso de que no prospere la designación de Aurachán, otro de los nombres que tiene en carpeta la CGT para presentarle al Presidente es el de José Bustos, un abogado especializado en temas de salud que ya estuvo en la Superintendencia de Servicios de Salud durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando era encabezada por Héctor Capaccioli, hombre de confianza de Alberto Fernández que estuvo involucrado en la causa de la “mafia de los medicamentos”. Bustos ocupa hoy la Gerencia de Gestión Estratégica del organismo que regula los fondos de las obras sociales.
El gran temor de la CGT es el posible avance de Cristina Kirchner en la Superintendencia: algunos especulan con el regreso de Liliana Korenfeld, una santacruceña que fue su presidenta en el último gobierno kirchnerista y distribuía discrecionalmente el dinero de las obras sociales para disciplinar a los dirigentes. En enero, la vicepresidenta le dio a Korenfeld el manejo de la obra social de los empleados del Congreso, donde administra $2.400 millones.
Desde que fue presidenta de la Nación, entendió que debía controlar la plata de las obras sociales para alinear a los sindicalistas. Ahora incluso piensa que debe reformarse el sistema de salud y que esos fondos deben insertarse en un esquema centralizado, que implicaría la estatización de las contribuciones de los trabajadores. En medio del terror de la CGT ante un desembarco kirchnerista en “la Súper”, el líder de un importante sindicato industrial que integra la central obrera se acercó a saludar en las últimas horas a Korenfeld. Todo un pragmático.
No sólo el futuro de la Superintendencia estará presente en el almuerzo entre el Presidente y la CGT. La dirigencia gremial también volverá a pedirle medidas que alivien la desfinanciación de las obras sociales, cuyo déficit continúa creciendo a un ritmo de $1.500 millones por mes. La demonizada “caja” del sindicalismo atraviesa una larga crisis que no se detiene, pero, por lo visto, sigue siendo ese oscuro objeto de seducción para el poder.
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