El bloque de Juntos por el Cambio ya lo había adelantado. En el Gobierno como en los despachos del Frente de Todos en la Cámara de Diputados lo sabían, por lo que apuestan al resto de los bloques de diputados para poder avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal.
En este escenario, en el oficialismo buscan acceder a los votos necesarios -a partir de ceder y renegociar algunos puntos que eran muy cuestionados por la oposición- con el fin de avanzar con mayor celeridad en la aprobación de la ley, primero, y luego en la expulsión del procurador interino Eduardo Casal.
En este intercambio que propuso el ministro de Justicia, Martín Soria, para poder sumar voluntades logró parte de su cometido pero ya se enteró de que no logró la totalidad del objetivo porque no alcanzó a convencer a un grupo de legisladores que forman parte fundamental de la estrategia de obtención de votos.
El bloque de diputados Córdoba Federal anunció que mantendrá su postura y no acompañará la reforma del Ministerio Público Fiscal luego de que Soria diera a conocer cambios en el proyecto que ya tiene media sanción en el Senado.
Los legisladores de la provincia mediterránea tomaron la decisión de no apoyar el proyecto del oficialismo no solo porque no comparten la decisión del Ejecutivo respecto del proyecto de ley sino porque forma parte de un posicionamiento que nace de la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba y que tiene su correlato en las definiciones de sus legisladores.
En realidad, desde hace tiempo que los diputados Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinero, Claudia Márquez y Alejandra Vigo se vienen mostrando esquivos a los deseos del oficialismo y no sólo no prestan quórum sino que, a diferencia de lo que sucedió en 2020, el bloque suele votar en contra.
En la Casa Rosada observan esta actitud de los diputados como un nuevo paso en el alejamiento que empezó a recorrer el gobernador Schiaretti respecto del Frente de Todos y que en la provincia repercute en la discusión local en lo que se refiere al armado de las listas y la posibilidad de cerrar un acuerdo o no.
Los diputados cordobeses forman parte del interbloque conocido como PJ Federal donde también están los 11 diputados de Consenso Federal y otros dos del Frente Progresista. En todos los casos, parte de los 17 miembros de estos diputados ya adelantaron que entienden que no es el momento para discutir el Ministerio Público Fiscal y que no acompañarán los cambios que tendría, entre otros resultados, la salida de Casal.
El único de este grupo que está en duda es el diputado Eduardo “Bali” Bucca. El legislador, que es el presidente del interbloque, acompañó en otras oportunidades al oficialismo aunque su bloque no lo hiciera.
Si Bucca decide acompañar, se podría sumar a los seis legisladores del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que comanda el mendocino José Luis Ramón, quien en la presentación que hizo el ministro Soria adelantó que, aunque tiene diferencias en algunos puntos de los que establece la norma que está por discutirse, está a favor de la necesidad de reformar la ley. “Tiene dos sentidos que a nosotros nos interesan: intentar la mayor transparencia del Ministerio Público y una mayor rendición de cuentas”, adelantó el legislador.
El legislador Ramón, que se ha convertido en un eje central de la Cámara baja ya que los seis diputados son los que necesita el FdT para alcanzar quórum, destacó aspectos positivos de la norma que quiere discutir el oficialismo pero además propuso que los fiscales y los jueces sean elegidos por el pueblo y señaló que en el proyecto del Ministerio Público “no se incluyó una procuraduría especializada en derechos del consumo”.
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