Crítico informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en Argentina: desapariciones, violencia policial y el caso Formosa

El movimiento global Amnistía Internacional elaboró su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en diferentes países en el período 2020/2021, con la particularidad, por supuesto, de que en esta ocasión el mundo estuvo atravesado por la pandemia del coronavirus. Respecto a la Argentina, el documento destaca que “hubo numerosos casos de uso excesivo de la fuerza” y desapariciones forzadas en el contexto de la imposición del confinamiento para frenar el avance del virus. Además, advierte sobre un aumento de violencia contra las mujeres y las restricciones de libertades de los pueblos indígenas.

Respecto a las fuerzas de seguridad, el informe hace referencia a tres hechos en particular. En primer lugar, el ocurrido en mayo pasado, cuando agentes de policía mataron en Tucumán a Luis Espinoza, cuyo cadáver no fue hallado hasta una semana después de su muerte.

También refiere a que en ese mismo mes las fuerzas de seguridad “irrumpieron violentamente” en las viviendas del pueblo indígena Qom en Fontana (Chaco), y “se llevaron detenidos a tres hombres y una niña de 16 años”, quienes denunciaron haber sido sometidos a diferentes tipos de tortura.

Por último, se hace mención del caso de Facundo Astudillo, cuyo cadáver fue hallado 107 días después de que se denunciara su desaparición, a fines de abril del 2020. “La autopsia determinó que había muerto por asfixia. La existencia de informes policiales contradictorios y otros indicios señalaban que la policía de Buenos Aires podría ser responsable de su desaparición y muerte”, reza el documento.

Por otro lado, en el informe se señala que los pueblos indígenas “se vieron desproporcionadamente afectados por la pandemia”. Desde el comienzo del confinamiento por el virus se registraron diferentes denuncias sobre la situación de la comunidad wichi en Formosa. El programa Telenoche Investiga, por ejemplo, reveló testimonios de madre que denunciaban que habían sido obligadas a esconderse para evitar que las sometieran a aislamientos obligatorios, les realizaran cesáreas en contra de su voluntad, o las separaran de sus hijos. La investigación despertó preocupación en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce la dirigente rionegrina Magdalena Odarda bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Fuentes oficiales informaron que el organismo canalizó un pedido de informes a la administración de Gildo Insfrán, el gobernador de la provincia, sobre lo ocurrido.

Reza al respecto el informe de Amnistía Internacional: “Continuaba la injerencia en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas por parte de particulares o de fuerzas estatales. Las comunidades sufrían actos de violencia, restricciones de la libertad de circulación y escasez en el suministro de alimentos, y carecían de acceso suficiente a agua potable y de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Preocupaban las repercusiones de la COVID-19 para los pueblos indígenas, que seguían enfrentándose a obstáculos para acceder a las prestaciones sociales”.

Además, Amnistía Internacional sostuvo que “el estricto control de los desplazamientos entre provincias dejó a centenares de personas atrapadas fuera de su jurisdicción, sin acceso a suficiente atención médica, higiene y, en ocasiones, a la reunificación familiar”. Y destacó que en noviembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la provincia de Formosa que, después de ocho meses de aplicación de medidas restrictivas, “permitiera a 8.300 personas regresar a sus hogares”.

Asimismo, hizo referencia a la “preocupación por la posible vigilancia masiva online” de la población, a raíz del protocolo policial aprobado por el Ministerio de Salud, que permitía el uso de información personal obtenida a través de diferentes aplicaciones.

Otro de los puntos destacados en el informe es el referente a los derechos de las mujeres. En primer lugar, señaló que la pandemia “agravó y puso de relieve” las desigualdades de género existentes y que aumentó la violencia de género: “Las medidas de confinamiento dieron lugar a un aumento de las interacciones online, y las mujeres sufrieron violencia y abusos en las redes sociales, especialmente al defender sus derechos humanos”.

A la sanción de la ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación en la Argentina se le dedicó un apartado en el documento. “Según datos oficiales, se registraba un parto de una niña menor de 15 años cada cuatro horas. La mayoría de esas niñas se veían forzadas a llevar a término embarazos que eran consecuencia de violencia sexual. Durante la pandemia se incrementaron las barreras para acceder a un aborto legal. Además, a las mujeres y adolescentes se les interrumpió el tratamiento anticonceptivo por el temor a contraer la COVID-19 al acudir a los centros de salud”, advierte Amnistía Internacional.

A modo de resumen sobre la situación del país en el contexto de la pandemia y la cuarentena local, el informe indica: “Argentina seguía inmersa en una profunda crisis económica y social. En junio, según cifras oficiales, el 40,9% de la población vivía en la pobreza y el índice de desempleo era del 13,1%. Persistía la preocupación por los pagos de deuda y la obligación de los Estados de proteger los derechos sociales y económicos durante la pandemia y el período de recuperación”.

Cabe aclarar que el 31 de marzo pasado se conoció un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), que precisó que la pobreza en la Argentina ascendió al 42% en el segundo semestre del 2020, un incremento de casi siete puntos porcentuales respecto del mismo período del 2019.

En otro apartado, que llamaron “impunidad”, se hace referencia a que continuaron realizándose juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, y que sigue la investigación sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

SEGUIR LEYENDO: