Un fiscal avaló un pedido de Cristina Kirchner para recuperar parte de sus bienes intervenidos por la Justicia

El fiscal federal Diego Velasco avaló hoy un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, para recuperar la administración de parte de sus propiedades que están intervenidas en la causa conocida como “Los Sauces”, en la que están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional que actúa como querellante (acusador privado) en la causa, decidió no pronunciarse sobre la cuestión.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Velasco presentó dos dictámenes ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 tras el pedido de la defensa de Máximo y Florencia para recuperar de manera urgente el manejo de sus sociedades. El fiscal avaló el cese de la intervención judicial sobre “Los Sauces” y “Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner”, que tiene 17 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, pero que continúe en “Hotesur”, dueño del hotel “Alto Calafate”.

El fiscal distinguió que en el caso de “Los Sauces” el peritaje está casi terminado y en el de “Hotesur” no. Se trata del informe que están haciendo los peritos oficiales y de parte sobre las cuentas de las empresas y que es la prueba pendiente que se espera antes de fijar la fecha de inicio del juicio oral. Ahora deberán resolver los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg.

Las dos empresas están intervenidas por decisión judicial cuando los acusados del caso fueron procesados. Lo que se investiga es si a través de los alquileres de los inmuebles de esas empresa, que hicieron Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, se lavó dinero ya que se trata de empresarios que recibieron obras públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Las intervenciones judiciales llevan más de cuatro años y los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron al TOF 5 que las deje sin efecto. Explicaron que muchos inmuebles no están alquilados, otros sin que se les cobre a los inquilinos o por fuera del valor de mercado. También que acumulan deudas que crecen por sus intereses y que las propiedades están en mal estado.

“El hotel Los Sauces Casa Patagónica quedó en una situación de incertidumbre, ello derivó en que Máximo Carlos Kirchner debiera afrontar en forma personal el pago de los salarios de los empleados a cargo del mantenimiento y la custodia del inmueble en cuestión”, dijeron los letrados. Además, otra propiedad fue intrusada y destrozada.

El tribunal le pidió opinión a las partes acusadoras antes de resolver. El plazo para hacerlo vencía hoy a las 9:30 horas. La UIF no lo hizo. Tampoco estaba obligada. “No decir nada en un proceso es consentir lo que pidió la parte”, le dijo a este medio una fuente judicial.

Velasco, que será el fiscal en el juicio oral, presentó dos dictámenes. En el caso de “Hotesur” pidió que la intervención continúe. Explicó que la empresa tiene algunos problemas sobre las cuentas, los pagos, el cobro de deudas y la falta de autoridades en el directorio que requiere que los interventores sigan trabajando. “Resulta necesario mantener la gestión del administrador”, sostuvo el fiscal.

Agregó además que la causa “se encuentra en plena sustanciación del peritaje técnico contable”. Y pidió que se rechace el pedido de los Kirchner para levantar la intervención: “Ello, dado que las funciones y objetivos de esa intervención aun se mantienen vigentes hasta tanto las conclusiones de los peritos analicen todos los puntos propuestos por las partes, tendientes a verificar la hipótesis imputativa formulada por el Sr. Fiscal instructor, como así también que sociedad sea normalizada en relación a sus autoridades conforme ha insistido el interventor”.

El fiscal entendió que la situación es distinta para “Los Sauces”, con propiedades en Puerto Madero, Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, y “Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner”, ya que el peritaje “se encuentra en su etapa final”. “Los técnicos intervinientes (oficiales y propuestos por las partes) ya han dejado en claro el panorama ante los puntos solicitados por las partes”, explicó por lo que “se entiende que los objetivos de la intervención en este caso se encuentran cumplidos”.

“Se estima conveniente el cese de la intervención judicial”, dictaminó Velasco pero le pidió al Tribunal Oral que designe dos veedores de la Auditoría General de la Nación para que “mantengan informado al Tribunal sobre el devenir de las personas jurídicas en cuestión y de los bienes del condominio, con prohibición de enajenación de bienes, activos no corrientes o repartición de dividendos”.

También aclaró que a pesar del cese de la intervención los bienes deben seguir inhibidos ya que pueden ser reclamados por el estado nacional para ser decomisados en caso que en el juicio oral se compruebe que fueron utilizados para cometer delitos.

“Entiendo que con dichas medidas cautelares -inhibición y veeduría- sumado al mantenimiento en resguardo del dinero incautado -ya detallado- se garantizan los efectos de una posible condena en el marco de las presentes actuaciones y por otro lado, respeta el principio de inocencia que rige el proceso penal, sobre todo cuando nos encontramos en ciernes del inicio del debate oral y público, que no durará poco”, argumentó en su pedido.

Para los dos expedientes, el fiscal también solicitó que sigan embargadas todas los bienes de cada uno de los imputados del caso, entre ellos la caja de seguridad que Florencia Kirchner tenía en la sucursal central del Banco de Galicia con 4.664.000 de dólares.

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