
En septiembre pasado se produjo la mayor filtración de datos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de los últimos tiempos. Decenas de nombres de agentes y ex agentes del espionaje local fueron revelados cuando un documento reservado se hizo público en un expediente judicial al que accedieron más de 80 personas.
La copia digital del libro de Actas de la AFI se subió al expediente en el que se investiga en un juzgado federal de Lomas de Zamora el caso de espionaje ilegal por el que ya fueron procesados los ex directores de la central de espías durante el gobierno de Mauricio Macri. Ante la difusión de las actas, el juez Juan Pablo Augé ordenó que se quitaran del expediente, pero las copias ya habían circulado.
A partir de aquella difusión -que expuso a agentes tanto en el país como en el exterior- se realizaron varias denuncias cruzadas que se acumularon en el juzgado a cargo de María Servini. Los agentes y ex agentes denunciaron por la filtración a la interventora de la AFI Cristina Caamaño quien a su vez denunció el hecho y apuntó a la Justicia de Lomas de Zamora. Diputados de la oposición también hicieron una presentación para que determinen las responsabilidades penales por la filtración.
Fue ante el juzgado de Servini que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó ahora un nueva denuncia porque se había subido a un expediente de público acceso la copia de las actas.
Según la denuncia a la que accedió Infobae a través de fuentes de la AFI, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 8 a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre subió la copia del libro de actas al expediente electrónico de un caso que se tramita allí.
Tres ex agentes de la AFI cuyos nombres quedaron expuestos a partir de aquella filtración se presentaron ante la Justicia en lo contencioso administrativo federal para reclamar una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la publicación de sus identidades. La demanda iniciada por los ex agentes es por el reclamo de dos millones de pesos en indemnización y entre la documentación que enviaron al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 se encontraban las actas que se filtraron en Lomas de Zamora. La jueza puso la demanda en la web del Poder Judicial y de ese modo las actas volvieron a hacerse públicas. Ese hecho fue detectado por servicio jurídico de la AFI.

La denuncia de Caamaño que fue presentada ante el juzgado de Servini señala: ”Así las cosas, habiendo tornado conocimiento de un hecho de difusión de la documentación referenciada (libro de actas), de iguales características a aquel que motivó el inicio de la causa en trámite en el Juzgado a vuestro cargo y que en su oportunidad también denuncié, es que consideré necesaria la realización de la presente denuncia. Ello con el objeto de que se investigue la conducta descripta como también a los fines de se le ordene a la. Sra. Jueza a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 que remueva el acceso público de la documentación, pues mientras ello no suceda se mantiene la violación a la Ley Nacional 25.520 e incluso podría constituir una violación a los artículos 222 y 223 del Código Penal de la Nación”. La denuncia habla de la Ley de Inteligencia (25.520) de los artículos del Código Penal que penan la divulgación de secretos de Estado.
Servini hizo dos cosas con la denuncia: la mandó a sorteo para que intervenga otro juez federal y le solicitó a la jueza Madariaga de Negre que quitara el documento en cuestión de la web de libre acceso y lo reservara. La jueza Madariaga de Negre lo hizo, por lo que el listado de decenas de agentes y ex agentes de inteligencia no está más disponible.
El caso por la nueva denuncia de Caamaño le tocó por sorteo al juez Luis Rodríguez, quien durante 2021 está de turno con la fiscalía de Gerardo Pollicita.
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