Germán Garavano: “La Bicameral apunta a los jueces federales que investigan los casos de corrupción”

El ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, consideró este miércoles que la creación de la Comisión Bicameral en el Congreso Nacional dedicada a controlar e interrogar a los jueces apunta a los magistrados federales que investigan los casos de corrupción que comprometen a miembros del espacio político.

“El enfoque del Gobierno apunta a los jueces federales que investigan los casos de corrupción y sigue la misma tónica que tiene que ver con cómo presionar a la Justicia para que los casos de corrupción queden impunes”, aseguró en declaraciones a Radio La Red.

En tal sentido, Garavano recordó que “los femicidios son investigados por las justicias locales; el Congreso de la Nación nada tiene que hacer en relación a las justicias provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires” y “si tuviera alguna injerencia, sería en relación a la Justicia Federal, que investiga los casos de corrupción, no los de delincuencia común que en definitiva nos preocupan a todos por la inseguridad”.

“Hoy hay un montón de mecanismos para controlar a los jueces. Está el Consejo de la Magistratura, donde además el oficialismo tiene mayoría con un acuerdo con Graciela Camaño. En definitiva, hay mecanismos para que si un juez hace mal su tarea, avanzar con los procedimientos constitucionales”, insistió.

Desde su óptica, Garavano evidencia “otra forma de generar presión para que los jueces no hagan nada que ellos consideren que esté mal; esto parece una cooptación del Poder Judicial por parte del poder político”.

“Acá lo que se trata es de controlar el tercer poder del Estado. Democráticamente el Gobierno ha ganado la presidencia; democráticamente tiene mayoría en el Senado y una minoría muy representativa en Diputados, pero pareciera que le falta dominar a la Justicia, cuando en realidad la Justicia debería ser el contrapoder que nos defiende a todos de los abusos del Estado. Acá es donde el Gobierno se está excediendo claramente en sus funciones y eso afecta a la República, las instituciones y a todos nosotros”, sentenció.

Al ser consultado sobre la denuncia que impulsará el presidente Alberto Fernández contra Mauricio Macri contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Cambiemos, Garavano reiteró que “es un disparate”.

El ex ministro insistió que ya hay un fiscal investigado esta cuestión desde hace mucho tiempo y recordó que “Horacio Verbitsky en su momento investigó quién había comprado dólares y mayoritariamente eran personas ligadas al kirchnerismo y no al gobierno de Macri como se quiso hacer ver”.

“La política ha llevado a la Justicia muchas cuestiones que deberían dirimirse en el ámbito político y en vez de eso se han judicializado. Una cosas es tomar una decisión de política económica, que puede ser acertada o puede ser buena, en este caso la justificación es que se cambió deuda que había contraído el kirchnerismo a tasa de interés muy altas, como las que se están pagando hoy; hoy se pagan tasas entre 4 o 5 veces superiores a las tasa que fija el FMI”, añadió Garavano.

En tal sentido, el ex funcionario reiteró que para él “no hubo delito” y que detrás de esa denuncia se busca nuevamente judicializar decisiones políticas, algo que el presidente Alberto Fernández ya “había dicho que se debía dejar atrás”.

“Vana haber más fallos que puedan beneficiar a distintos funcionarios de distintos gobiernos, marcando que en definitiva hay cuestiones que son política y se deben discutir en el ámbito político, algo que es muy distinto a hechos de corrupción donde se beneficia a funcionarios”, agregó.

Finalmente, Garavano se refirió a la posibilidad de que a través de indultos o de amnistías, algunos presos por causas de corrupción recuperen la libertad. “El Presidente tiene facultades para dictar indulto y el Congreso tiene facultades para dictar amnistías. Se discute hasta qué delitos de corrupción puede alcanzar o no. No lo hacen por un tema de costo político”.

“Si pasa esto, ya no habría lawfare o inventos para justificar las cosas, si no que sería reconocer que se cometieron delitos y que la forma de eximir de pena a esas personas es mediante una decisión política, que la Constitución prevé y que es legal”, concluyó.-

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